La ex Presidenta de la República y actual Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, respondió a las preguntas del Ministerio Público en el marco de las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad durante el llamado estallido social.

En octubre de 2020, la fiscal Claudia Perivancich envió nueve preguntas hasta las oficinas de la ONU en Ginebra. Esta fue una de las tantas indagatorias que la persecutora ha hecho a cargo de la investigación de las más de 20 querellas contra distintas autoridades del país por violaciones a los derechos humanos. Bachelet respondió ocho días después, el 10 de octubre, a través de un documento de siete hojas, según informa La Tercera.

Las preguntas iban dirigidas a la visita que el organismo realizó en noviembre de 2019 y reuniones posteriores.

Sobre las razones que motivaron la llegada de la delegación a Chile, la ex presidenta respondió que tenían que ver con “la desigualdad socio económica y los obstáculos en el disfrute de los derechos económicos y sociales, la discriminación en contra de las mujeres, de los pueblos indígenas y de las personas LGBTI, los casos de corrupción de funcionarios públicos y las penas leves o la impunidad por casos de corrupción; así como las medidas específicas de autoridades a partir del 4 de octubre de 2019, como parte del contexto de la crisis que resultaron en las protestas a partir del 18 de octubre de 2019”.

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En cuanto al informe que se emitió después de dicha visita, afirmó que “entre otras conclusiones, cabe destacar que el informe concluyó que había razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se habían producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la región metropolitana y contextos urbanos”.

Cabe destacar que entre las autoridades querelladas se encuentran el Presidente Sebastián Piñera, los ex ministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel y el ex General Director de Carabineros Mario Rozas.

Blumel y Espina no se reunieron con la delegación

“La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur ha mantenido un diálogo con diversas autoridades para conocer sus versiones, perspectivas y datos sobre las posibles violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las movilizaciones en Chile, desde el 18 de octubre de 2019”, explicó en el documento.

La oficina regional se reunió principalmente con la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero también con la Cámara de Diputadas y Diputados, con el ministro de Justicia, el ministro de Salud, el Contralor General, el Ministerio Público y con la directora de DD.HH. de Carabineros de Chile, entre otros.

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Sin embargo, afirmó que no pudieron reunirse con los ministros del Interior o de Defensa de la época (Gonzalo Blumel y Alberto Espina, respectivamente): “La oficina regional no ha podido sostener reuniones con las más altas autoridades del ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, por razones ajenas a la oficina”.

Además, detalló que tiempo después la delegación intervino en el Comité Interministerial de Derechos Humanos, en su reunión del 30 de enero de 2020, donde expresó su preocupación por el excesivo uso de la fuerza policial. “En esta reunión, la oficina regional solicitó, sin éxito, que las autoridades, en particular a la más alta autoridad del Ministerio del Interior, a tomar medidas concretas para garantizar que cualquier uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad se realice en estricto respecto de las obligaciones y estándares de derechos humanos”, señaló Bachelet.

Ataques a brigadistas de salud

Un punto importante al que se refirió Bachelet fue la reunión que sostuvo la delegación con el ministro de Salud de la época, Jaime Mañalich: “Asimismo, el 6 de febrero de 2020, integrantes de la oficina regional se reunieron con la más alta autoridad del Ministerio de Salud y le solicitaron que las autoridades tomen las medidas necesarias para garantizar la protección de brigadistas voluntarios de salud, en respuesta a informaciones que indicaban que habían sido reiteradamente agredidos por miembros de Carabineros de Chile”.

“La solicitud no fue aceptada, indicándose que los brigadistas voluntarios no gozan de estatus oficial/profesional y no están autorizados a ofrecer primeros auxilios”, señaló.

Sobre el seguimiento de las recomendaciones que dio el organismo, Bachelet aseguró que existe un documento en proceso de elaboración, el que será publicado en los primeros meses de este año y que dará detalles sobre el nivel de cumplimiento.