Esta semana, ocho universidades chilenas presentaron un recurso de protección contra la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), solicitando suspender el proceso de licitación del Instituto de Tecnologías Limpias que fue otorgado a un consorcio compuesto por la Associated Universities, Inc. (AUI), una corporación norteamericana sin fines de lucro, junto a la Universidad de Utah, la Escuela de Minas de Colorado y cuatro universidades chilenas.

Entre las instituciones que ingresaron la acción judicial se encuentra la Universidad de Antofagasta, de Concepción, Tarapacá, Santiago de Chile, Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica, entre otras.

En el recurso se apunta a que el proceso no se realizó conforme a la legalidad, incurriendo en faltas como modificaciones intempestivas de criterios de evaluación, cambios en el contrato que no fueron notificadas a las partes, desconocimiento de la opinión de los expertos extranjeros, evaluación irregular de las propuestas presentadas y otros actos arbitrarios.

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En paralelo, el recurso apunta a los integrantes de la comisión evaluadora, puntualizando que de los cinco miembros totales de la comisión, cuatro de ellos no tenían conocimiento previo en la temática a evaluar; precisamente fueron ellos quienes acordaron prescindir de las recomendaciones de los expertos internacionales que la propia CORFO resolvió contratar de conformidad a las bases.

Cabe recordar que este concurso nace del acuerdo firmado entre Corfo y SQM, que comprometió un aporte de recursos de hasta US$193 millones, y que, según estipula el recurso de protección presentado por las universidades, al ser parte de una salida judicial ante un caso de fraude al fisco, estos recursos deberían ser considerados como públicos.