Tomarse la Fiscalía de Quillota no estaba en sus planes. Fue el 22 de junio de 2019, en medio de una marcha para exigir justicia por el lesbofeminicidio de Nicole Saavedra, que se toparon de frente con el edificio de la institución encargada de resolver el caso.

Era el tercer aniversario desde la desaparición, violación y posterior asesinato de Nicole, y la familia de la joven no tenía antecedentes de los avances de la investigación, ni tampoco conocían a quien estaba a cargo de ella, el fiscal Ulises Meneses. Fue tanta la desesperación -y la impotencia- que un grupo de activistas, a eso de las 14:00 horas, decidió ingresar al recinto.

“Nos vimos muy angustiadas. Sentí que esa carpeta de investigación se iba a cerrar porque no había interés en encontrar al asesino de Nicole, y de un momento a otro nos vimos dentro de la Fiscalía”, relata María Bahamondes, una de las activistas y prima de Nicole.

Apilaron sillas y un escritorio en la recepción, cerraron las puertas de oficinas donde había archivos y sólo dejaron abierto el baño. Luego solicitaron la visita del fiscal Meneses, el tercero desde que comenzó la investigación, para exigir premura en las diligencias.

Las activistas feministas -María Bahamondes, Karen Vergara, Jael Bósquez, Caterina Muñoz y Emperatriz Silva- aseguran que el fiscal se comprometió a llegar a la toma. Tras cuatro horas de espera, sin embargo, se produjo el desalojo por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros. Fueron detenidas y catalogadas como "mujeres antisistema" durante la formalización. Finalmente recibieron la orden de no acercarse a la Fiscalía y la medida cautelar de firma mensual.

Pese a la irreprochable conducta anterior de todas las involucradas, el Ministerio Público solicitó 300 días de reclusión y una multa de 11 UTM por desórdenes públicos, más 3 años de prisión por el delito de daños calificados.

Este jueves se realizará la audiencia de preparación del juicio oral contra las cinco activistas. El Fiscal Jefe de La Calera que lleva el caso, Elizardo Tapia, señaló que se referirá al contenido de la investigación solamente en la audiencia.

"Absolución para las 5" es el nombre del movimiento que busca evitar que las mujeres sean condenadas por la desesperada toma de la fiscalía.

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Una medida desesperada

A las cinco activistas les sorprendió ser notificadas de la audiencia en diciembre pasado. Su abogada, Silvana del Valle, quien además pertenece a la Red Chilena Contra la Violencia, afirma que “el Estado ha sido celoso para perseguir activistas, ha gastado tantos recursos para realizar peritajes, traer testigos, investigar un hecho que ni siquiera merece ser calificado como delito. La acción de las chicas no tiene proporcionalidad con la pena que se busca”.

María Bahamondes asegura que la toma “en ningún momento fue con la intención de romper algo o causarle daño a los fiscales, sino que simplemente necesitábamos respuestas”. Más tarde se dieron cuenta de la gravedad de sus acciones y entendieron que probablemente las tomarían detenidas.  “Ya estamos las cinco, veamos qué se nos viene, total no hemos hecho nada malo”, pensaban.

La familia de Nicole se llevó un gran susto cuando vio que se habían tomado la Fiscalía. Pero María trató de transmitir calma y transparentar que la toma no fue otra cosa que  una medida desesperada. “Mi cuerpo, mi cansancio, mi rabia, mi pena. Ver a mi tía Olga (madre de Nicole) mal, ya no daba más”, recuerda Bahamondes.

Tanto María, como Karen Vergara, otra de las detenidas, afirman que recibieron un trato muy hostil de parte de Fuerzas Especiales. Cuando entraron al recinto botaron las sillas que bloqueaban la puerta principal y tomaron detenidas a las cinco, según ellas con desmedida violencia. Al mismo tiempo detuvieron al menos a 10 personas que estaban afuera apoyándolas. Estuvieron toda la noche en la comisaría y al día siguiente pasaron a control de detención.

Durante la formalización las mantuvieron engrilladas de manos y pies. María recuerda que la defensora pública las enjuició porque esa no era la forma de actuar y que, además, la habían interrumpido mientras se tomaba un café. “Eso nos dio más rabia, que todo un sistema nos juzgue por el solo hecho de exigir justicia”, cuenta.

Pese a las duras penas que arriesgan, las activistas aseguran que gracias a la toma hoy conocen parte de la historia tras el brutal crimen de Nicole. Justamente tres meses después de esa acción, la familia fue notificada que habían identificado al asesino: Víctor Pulgar Vidal.

El cuarto fiscal que tomó el caso, César Astudillo, pudo determinar que el celular de Nicole estaba en manos de una sobrina del asesino. Esa prueba siempre estuvo ahí. La familia y la abogada del Valle, habían solicitado esa diligencia en varias ocasiones, pero pasaron más de tres años para que la realizaran.

“La tía Olga siempre ha estado agradecida. Ella dice que gracias a nosotras y a la toma pudo saber el nombre del asesino de Nicole. Si eso no hubiera pasado, todavía estaríamos con una carpeta en blanco”, asegura Karen.

María agrega que “Víctor está tras las rejas, no solo por los fiscales, sino porque nosotras hemos tenido que hacer el trabajo y denunciar lo que está pasando. Ahora tengo la tranquilidad de que este tipo no va a volver a tocar a otra niña o mujer”.

La abogada, en tanto, es enfática en asegurar que “la impunidad sigue hasta el día de hoy”, ya que este crimen aún no es vinculado con cómplices o coautores del asesinato de Nicole, ni tampoco con víctimas de otros casos de la zona.

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Criminalizadas por luchar

Karen también participa de la Coordinadora Feminista de Quillota de La Cruz y cree que este activismo las pone en riesgo, en cierta medida. “En manifestaciones, lo primero que pregunta Carabineros es por mí. ¿Karen Vergara? Preguntan por todas partes. Nos tienen demasiado identificadas”, explica.

De igual manera sienten que son criminalizadas porque el caso de Nicole es de connotación pública y se trata de una mujer lesbiana. “Las familias de las compañeras tienen rabia, nadie lo entiende. Pero al menos tenemos el apañe y cariño de la tía Olga”, agrega Karen.

María que está tranquila porque confía en su inocencia, pero mantiene la preocupación por su familia que se siente asustada y triste. “¿Qué nivel de castigo nos quieren dar?”, se cuestiona.

“Creo que quieren dejar un precedente, de que si alguien se atreve a hacer algo como lo que hicimos nosotras esto va a pasar. Nos quieren castigar y callar, pero se equivocaron porque no tenemos miedo. Persiguiéndonos a nosotras demuestran que no existe la justicia en Chile”, dice  Bahamondes.

Según los antecedentes de la abogada del Valle, esta sería la primera vez que en Chile se criminaliza a una familiar directa de una víctima de femicidio por acciones dirigidas a exigir justicia. Asegura que este no es un caso aislado, pues "muchas familias han sufrido violencia institucional de similares formas, por parte de los organismos estatales, con posterioridad a la muerte de sus seres queridas".

Decenas de artistas y activistas se han sumado a la campaña Absolución para las 5, en apoyo a la familia de Nicole y a las acusadas por la toma. Insisten en que exigir justicia no es un delito.

 

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