El pasado 7 de enero, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol declaró culpable por el delito de homicidio simple del comunero mapuche, Camilo Catrillanca (24), y homicidio simple frustrado contra el menor M.A.P.C. (15), al ex sargento de carabineros Carlos Alarcón, y de otros cargos menores a los seis ex funcionarios pertenecientes al Comando Jungla. El abogado del adolescente que acompañaba esa mañana a Catrillanca, Sebastián Saavedra, del Centro de Investigación y Defensa Sur, cuenta en exclusiva a El Desconcierto sus reacciones de este juicio, el desalentador trato de funcionarios policiales contra niños mapuche y la "poco accidental" coincidencia entre la jornada del veredicto de Angol, y uno de los operativos policiales más grandes del último tiempo, en Temucuicui.

¿Cuál es tu apreciación de que el tribunal haya decretado que los carabineros son culpables de homicidio y torturas? 

Ésta es la primera vez, luego de 30 años de gobiernos civiles, que un tribunal no militar juzga a funcionarios del Estado por la muerte de comuneros mapuche. Los casos anteriores de Alex Lemun, Jaime Mendoza Collio y Matías Catrileo, fue la justicia militar la que los juzgó. En esos casos, se los condenó por el único delito que pueden cometer carabineros, que es el de "violencia innecesaria con resultado de muerte", decretándose contra ellos una condena de tres años a cada uno de ellos en libertad.

¿Por qué crees que el tribunal culpó por homicidio simple al ex sargento Alarcón, y no por homicidio calificado, como buscaban?

Nosotros buscábamos homicidio calificado porque creemos que los hechos fueron por alevosía, por actuar sobre seguro. Para conocer en detalle por qué no se calificó sobre esa forma tenemos que estar atentos a lo que digan el 28 de enero, cuando se dé a conocer la sentencia completa. Es verdad que buscábamos una calificación jurídica distinta, pero también nos interesa saber cuál va a ser la pena que van a recibir. Hasta ahora, no hay ningún carabinero condenado por matar a un mapuche y que haya cumplido su pena de forma aflictiva. Esperamos que sea la primera vez, y que sea una pena proporcional a los hechos cometidos, que deberían ser al menos 15 años para el autor de los disparos y 5 a 8 años para quien apremió a mi representado, que además tuvo que ver morir a su amigo y fue detenido de forma brutal y desproporcional para un adolescente que no ofreció ningún tipo de resistencia.

¿Qué te produjo ver la "detención" de la hija de Camilo Catrillanca esta semana? 

Lo que vimos con el trato de la PDI hacia la hija de Catrillanca no es más que racismo, como ocurre siempre. Cuando vi las imágenes me pregunté qué hubiese ocurrido si hubiesen detenido de esa forma a un familiar de Luchsinger-Mackay. Inimaginable.

Lamentablemente, esas situaciones son pan de cada día, aquí en la Araucanía. Yo represento a un adolescente de iniciales C.M.Ñ, que fue detenido de forma bastante similar, dentro de una comunidad el 10 de septiembre del año pasado. Ahí, un funcionario de la PDI se tiró encima de él para inmovilizarlo y lo tuvo casi un minuto sin respirar. Hasta la fecha, el joven tiene problemas de sangrado de su nariz. Ese mismo niño, de recién 13 años, fue a la marcha en contra de la violencia con los niños mapuche, del 16 de septiembre en Temuco, y fueron detenidos violentamente. Incluso fue mordido por un perro policial.

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¿Crees que es común el trato violento hacia niños mapuche?

Existen dos investigaciones en curso por detenciones realizadas por policías civiles y militares, que rebasan cualquier norma de proporcionalidad y sentido común. Una niña de siete años, con tres funcionarios que le ponen la pierna encima, me parece que es una brutalidad que no admite ningún tipo de excusas. Estas acciones no pueden ser desarrolladas por funcionarios policiales especializados justamente en ese tipo de situaciones.

Esto forma parte del actuar común de esta zona. Es muy racista, muy prejuiciosa, que justifica todo tipo de violencia y qué muestra más clara que el padre de esa niña fue muerto por un arma de guerra. No admite ningún tipo de justificación por parte de organismos del Estado.

¿Y sobre el operativo de la PDI en Temucuicui? ¿Fue un operativo desproporcionado?

Este tipo de situaciones ya va siendo una normalidad en esta zona. La fuerza desproporcionada de las policías en contra de comuneros mapuche ya es parte de la cotidianeidad, lamentablemente, en la Araucanía.

¿Crees que fue una coincidencia que fuera el mismo día del veredicto?

El hecho de que haya sido realizado el mismo día del veredicto en el caso Catrillanca da para pensar. Aquí no se trata de una simple coincidencia. Se ha provocado a las comunidades mapuche que han perdido a uno de sus integrantes, la tortura de uno de sus niños, y que el mismo día que se lea el veredicto. Yo lo veo más como una campaña militar que una campaña policial. Entrar con 800 personas, armadas, donde hay niños y mujeres, habla de una desproporción que a todas luces resulta insolente a la inteligencia al señalar que solo se trató de una coincidencia.

También, dentro de la misma semana se supo del asesinato del agricultor Orwald Casanova ¿A qué responde este hecho enmarcado en un contexto de violencia en la Araucanía?

Es totalmente preocupante la violencia que se vive en la Araucanía. La violencia institucionalizada es parte de la cotidianeidad en esa zona. En 2013, cuando ocurrió la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, visitó nuestra Región, Ben Emmerson, quien era el relator especial de la lucha contra el terrorismo de la ONU. Visita todo el mundo para ver si se cumple o no la implementación de terrorismo, y fue invitado por el gobierno, también de Sebastián Piñera. En esa ocasión, Emmerson fue muy categórico al decir que no existía terrorismo en Chile, y llamó al gobierno a sentarse a conversar en términos políticos con las comunidades. Hablaba también de que la violencia, la discriminación y el prejuicio, en cualquier momento pueden derivar en situaciones mucho más complejas, y si el Estado no establecía diálogos de forma permanente y sincera con el pueblo mapuche, era muy difícil avanzar. 

Desde esa vez han pasado siete u ocho años y nos encontramos en la misma situación. Las muertes de uno u otro lado se siguen sucediendo. La muerte de Camilo Catrillanca solo viene a engrosar la lista de comuneros violentados, partiendo por Alex Lemun, por el año 2002.

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¿Qué crees que pudo haber gatillado esta lista de muertes en la Araucanía? 

Cuando se empezó a implementar la Ley antiterrorista comenzaron las muertes. Esto, porque cuando se aplicaron estas normas de excepción, implicaron un refuerzo a las fuerzas policiales para darles a entender que tienen manga ancha para actuar. Lo vimos también con el Comando Jungla. Se instauró en Junio del 2018, les entregaron armas de guerra, cámaras, equipo táctico preparados para ir a una guerra, y en tres meses tenían a un joven de 24 años muerto y a un niño de 15 años torturado. 

La existencia de este tipo de legislaciones, o de entrenamiento y equipamiento para la guerra -como el que vimos en estos funcionarios de la PDI para entrar a decomisar plantaciones de marihuana y detener a dos mujeres- va a terminar en situaciones de violencia. No hay que ser un genio para darse cuenta. Estamos en un círculo de violencia muy peligroso, que puede desatar en situaciones más complejas, y el gobierno no repara en esta situación, no cambia su rumbo. Manda y manda policías, como si esa fuera la solución única para este tipo de situaciones.

Esa misma situación reprochó el hermano de Luis Morales Balcázar, funcionario de la PDI que murió en el operativo

La violencia no se va a parar con más violencia. Tenemos a un gobierno que busca legitimación a raíz de estas acciones cometidas en la Araucanía, que ve ahí a su reducto de votación. Los tribunales ya le han dicho que se han equivocado, y que su propio Comando Jungla ha cometido el peor delito, que es quitarle la vida a una persona, pero parecen no entender. Las comunidades mapuche, hace tiempo no tienen ningún tipo de confianza en la institucionalidad, y lo peor que le puede pasar a un Estado es que la gente no le crea nada. El hermano del funcionario de la PDI tampoco le creyó, y eso nos deja en un escenario totalmente incierto. Es muy difícil pronosticar qué va a suceder en los próximos meses o años.