Tras el voto afirmativo en la Cámara de Diputados, el Senado de Argentina comenzará a debatir mañana martes si aprueba la legalización y despenalización del aborto, en una votación que se prevé ajustada y cuyo resultado final no está claro.

En 2018, el Senado estuvo en una situación idéntica y votó en contra de la legalización de la interrupción del embarazo. Sin embargo, los cambios en la composición de la Cámara y que esta vez el proyecto de ley haya sido enviado por el Gobierno podrían suponer que la balanza se incline a favor de la legalización y la despenalización en esta ocasión.

Las 'verdes' -por el color del pañuelo que llevan las mujeres a favor de la legalización- y 'celestes' -que identifica a las que están en contra- han vuelto a ser convocadas para ocupar las calles durante la votación y presionar así a los pocos senadores que permanecen indecisos.

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“Está todo muy justo. Yo creo que estará todo bien, pero... Yo hasta que no vea qué vota qué en todo momento (...) Supuestamente hay un grupo de senadores indecisos (...) Hay mucho hermetismo en el Senado“, ha explicado a Europa Press Mariela Belski, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, una de las organizaciones que apoya el proyecto.

Según los cálculos de medios como el diario local 'Clarín', 33 senadores votarán a favor del aborto legal y 32 en contra, mientras que cinco permanecen indecisos y dos estarán ausentes.

En Argentina, son legales las interrupciones del embarazo en casos de violación o que pongan en peligro la salud de la mujer. Fuera de esta lista de causales, el resto de abortos son un delito penado con la cárcel, algo con lo que este nuevo texto legislativo busca terminar.

Con el nuevo proyecto, las mujeres argentinas de más de 16 años podrán abortar de manera legal durante las 14 primeras semanas de gestación, tras firmar un consentimiento informado por escrito.

Plan de los 1.000 días

Belski ha calificado como “muy bueno“ el proyecto al que considera “superador“ respecto a otras leyes de aborto legal aprobadas en Latinoamérica.

Además, el proyecto de ley obliga a todos los hospitales a tener un médico que esté dispuesto a practicar un aborto y a practicarlo en un plazo de diez días tras la solicitud.

Junto al proyecto, también se vota el conocido como 'Plan de los 1.000 días', un paquete de medidas económicas que busca dotar de mayor seguridad a las mujeres que tengan hijos en un contexto de aguda crisis social en el país.

La Iglesia se organiza en contra

En regiones del norte del país o que comparten frontera con Chile, la Iglesia Católica tiene mucha influencia, lo que según Messore supone que estas provincias y los senadores sean más conservadores y estén en contra del proyecto de ley.

La Iglesia presiona para que se vote en contra de la legalización -incluso realizó una misa en la catedral de Buenos Aires mientras se votaba- y ahora varios senadores han reconocido haber recibido llamadas del obispado. Además, la Conferencia Episcopal no ha solicitado mantener un encuentro de fin de año con el presidente del país, como es tradición.

La votación se anticipa tan ajustada, que no se descarta que termine en empate y sea la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien con su voto de calidad como presidenta del Senado, lo rompa.

Fernández estuvo gran parte de su carrera política en contra de la legalización, pero en 2018 votó a favor y se espera que haga lo mismo en caso de que se necesite para aprobar el proyecto.