Año a año, las autoridades llaman a no utilizar fuegos artificiales por su potencial daño a quienes lo usen, además de los perjuicios hacia animales y el medio ambiente. Sin embargo, el estruendo de la pirotecnia se dejó escuchar durante la última semana. Sobre todo, en la noche de Navidad.
¿Por qué se siguen comercializando estos objetos, siendo que están prohibidos? La subsecretaria de prevención del delito, Katherine Martorell, expresó que "la comercialización de fuegos artificiales está sancionado con multa". Esto hace que a quienes se les sorprenda vendiendo pirotecnia sólo arriesgan penas de multa, y no sanciones mayores.
Estos fuegos artificiales, que en muchas ocasiones generan daños e incendios "se han convertido en una señal de bandas delictuales y ligadas al narcotráfico. Por eso resulta inaceptable que el Estado sea incapaz de impedir su internación y comercialización en el país", expresó el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, a Radio Bío Bío.
A su vez, el jefe comunal de Macul, Gonzalo Montoya, agregó también a Bío Bío que "los vecinos sienten que el Estado no llega y estos tipos pueden hacer lo que quieran", sobre quienes internan y comercializan fuegos artificiales en el mercado informal. Además, el alcalde establece que si bien, pueden hacer fiscalizaciones al comercio, "no se ha trabajado lo que tiene que ver con aduana y con la inteligencia que permita ver quiénes son estas bandas que producen e ingresan fuegos artificiales".
Desde el año 2000 que en Chile está prohibido el uso de fuegos artificiales, a través de la reforma de la ley N°17.798 sobre control de armas y explosivos. Esta medida dictaminó la el fin de la venga de fuegos artificiales al público y reguló la realización de espectáculos pirotécnicos masivos. Sin embargo, esta ley no penaliza con cárcel o alguna otra pena privativa a quienes sean sorprendidos comercializando estos objetos.
Actualmente, un proyecto de ley presentado por la diputada Karin Luck (RN) está en su última etapa de aprobación. Esta moción propone retipificar la comercialización de fuegos artificiales en un delito, y no una falta. Esto implicaría, además, que quienes sean sorprendidos en este ilícito arriesgarían penas de presidio, además de una multa que iría entre las 10 y 50 UTM.