El 8 de diciembre de 2010, 81 reos perdieron la vida durante un incendio en una prisión de nuestra capital, una tragedia que reveló las condiciones de precariedad de las cárceles en Latinoamérica y que ha llevado este martes a familiares de víctimas a exigir justicia diez años después del fatal siniestro.

Con flores, velas y un almuerzo solidario frente a la cárcel de San Miguel, al sur de la capital, decenas de personas entre representantes de organizaciones sociales y allegados de las víctimas se congregaron para recordar en ambiente festivo a los fallecidos y reclamar mejoras en las condiciones penitenciarias.

"Ya han pasado diez años de un crimen de Estado en el que calcinaron a 81 personas y hasta ahora todo sigue igual en las prisiones. Es lamentable", dijo a Agencia Efe César Pizarro, hermano de uno de los presos afectados y fundador de la asociación de familiares de víctimas 81 Razones.

Ese 8 de diciembre, una disputa entre varios reos provocó el fuego que se propagó hasta generar el peor siniestro penitenciario de la historia de Chile y el tercer incendio con más víctimas que se recuerde en nuestro país.

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Era miércoles, día de visita en la prisión, y muchos familiares hacían fila para entrar al penal cuando se percataron del fuego que afectaba al recinto, con capacidad para 1.110 personas pero que albergaba a 1.960.

En pocos minutos se desató un clima de pánico e incertidumbre y muchos trataron de forzar las rejas para descubrir si sus seres queridos estaban entre los afectados por el incendio, una situación que empeoró con el retraso de personal de Bomberos, recuerda Carlos Elgueta, otro de los miembros de la asociación.

"Esta es una tragedia que todavía no tiene responsables penales, y que se pretende acallar con unas compensaciones económicas insuficientes", explicó a Efe.

10 años sin justicia

Diez años tardó la Justicia chilena en dar una respuesta a las familias de los fallecidos, de hecho no fue hasta el 18 de noviembre último cuando se dio a conocer un fallo que obliga al Estado a pagar una indemnización total de 3,8 millones de pesos a los parientes de las víctimas.

El hacinamiento bajo el que vivían, la inexistencia de medidas de evacuación, la ausencia de un plan de incendios y un exiguo número de funcionarios a cargo de la población penal son algunas de las causas del desastre, argumenta la sentencia.

El fallo apunta a Gendarmería de Chile como responsable del episodio, pese a que los ocho agentes y centinelas presentes en el momento del incendio fueran absueltos en 2014 de los cargos de homicidio involuntario y lesiones graves.

Precariedad en los penales de Chile

La tragedia de la Cárcel de San Miguel fue el primer batacazo de la administración de Sebastián Piñera, quien acababa de iniciar su primer mandato (2010-2014) y que llegó a reconocer en polémicas declaraciones de entonces que el sistema carcelario chileno es "una vergüenza para todo el país".

Los datos sobre la superpoblación carcelaria no se hicieron públicos hasta 2019, cuando el Ejecutivo oficializó el primer informe en el que certificaba que en 2019 hubo 41.977 reos, mientras que la capacidad de los recintos era de 40.444, lo que implica una tasa de ocupación del 104%.

Para Olga Espinoza, experta en criminología del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, el promedio nacional de ocupación esconde realidades "alarmantes" de hacinamiento de presos en algunos establecimientos del país.

Además, agregó la académica, existen otras situaciones "altamente preocupantes" de la realidad carcelaria de Chile como la importante tasa de reincidencia criminal y los elevados índices de asesinatos entre los penados.

"Tener que cumplir una pena privativa de libertad significa que tienes probabilidades mucho mayores que el resto de chilenos de ser asesinado. Es inaudito", explicó a Efe la experta.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), Chile, que ostenta la menor tasa de homicidios en la región, es al mismo tiempo el país que registró un mayor índice de asesinatos en las cárceles de Latinoamérica, 90 por cada 100.000 presos.