La decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago reactivó críticas de víctimas que siguen esperando respuestas sobre el destino de más de $950 millones.
Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago sustituyó la prisión preventiva del principal imputado / Poder Judicial
La decisión que permitió al principal imputado del denominado caso de las “Falsas órdenes de Bomberos” dejar la prisión preventiva y pasar a arresto domiciliario total volvió a generar inquietud entre las víctimas. La medida fue adoptada por la justicia en Santiago y se produjo en medio de crecientes cuestionamientos de los afectados sobre el avance de una investigación.
A más de dos años del inicio de la investigación por un presunto fraude que supera los $950 millones, los afectados aseguran que aún desconocen qué ocurrió con gran parte de los recursos y cuestionan la falta de avances visibles en la causa.
La controversia surgió luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago sustituyera la prisión preventiva que cumplía Andrés Riquelme Pallamar por arresto domiciliario total, una vez cumplidos los 120 días de cautelar que habían sido fijados durante la investigación.
Riquelme permanecía recluido en Santiago I mientras avanzaban las diligencias encabezadas por el Ministerio Público. Sin embargo, el cambio de medida cautelar fue recibido con preocupación por varios querellantes, quienes sostienen que todavía existen interrogantes relevantes sobre el caso.
Una de las afectadas es Nicky Sommer, profesora de 60 años y ciudadana europea residente en Chile, quien asegura haber perdido $256 millones, correspondientes a los ahorros que mantenía para su jubilación.
“Indefensa, decepcionada, impotente y triste. Así me sentí frente a un proceso que nunca entregó respuestas claras a las víctimas. El principal imputado fue investigado por la Fiscalía y por una detective mientras permaneció 120 días en prisión preventiva, pero jamás supimos el resultado de esa investigación”, señala en conversación con El Desconcierto.
La profesora agrega que hasta ahora tampoco existe claridad respecto de los pasos que seguirá el proceso judicial. “Se habla de un eventual juicio abreviado, pero esa información no ha sido comunicada de manera clara ni oficial”, afirma.
Además de las dudas sobre el avance de la investigación, algunas víctimas cuestionan que personas que, según ellas, participaron en la captación de inversionistas no formen parte del proceso penal.
Sommer sostiene que una de las aristas que deberían ser examinadas corresponde al rol desempeñado por César Marín Mebus, a quien identifica como la persona que le presentó las operaciones de inversión.
“Para mí es fundamental que se investigue a César Marín Mebus. Él no solo me presentó la operación; negoció las condiciones, recibió comisiones por ello, preparó la documentación y me envió los papeles que resultaron ser falsos. Sin embargo, sigue fuera del proceso”, afirma.
La afectada agrega que, a su juicio, Marín Mebus tuvo un papel relevante en la captación de inversionistas y cuestiona que, pese a ello, no haya sido incorporado a la investigación. Asimismo, sostiene que se ha negado a devolver las comisiones que, según su versión, obtuvo a partir de las operaciones realizadas durante cerca de un año y medio.
Hasta ahora, sin embargo, la investigación conocida públicamente mantiene como principal imputado a Riquelme Pallamar.
Otra de las principales incertidumbres para los afectados sigue siendo el destino de los recursos transferidos.
“Yo no tengo ninguna información sobre el paradero de mis ahorros”, afirma Sommer. Según relata, en una reunión sostenida antes de que estallara el caso, Riquelme le habría reconocido que utilizó parte de su dinero para pagar deudas personales y le habría prometido vender propiedades para devolver los fondos.
Pese al tiempo transcurrido, asegura que no ha recuperado recursos y que las consecuencias continúan afectando su vida cotidiana.
“Llevo casi tres años en tratamiento psicológico como consecuencia directa de esta estafa. Tuve que abandonar la mayoría de mis proyectos de vida y comenzar desde cero a los 60 años, como si tuviera 25”, relata.
La profesora sostiene que perdió no solo sus planes de retiro, sino también la posibilidad de ayudar económicamente a sus hijos. Por ello, asegura que esperaba avances más concretos antes de que el principal imputado abandonara la prisión preventiva.
“Hoy esa persona puede volver a dormir en su casa junto a su familia. Yo, en cambio, me siento abandonada por el sistema judicial chileno, que no protege adecuadamente a las víctimas ni les entrega información clara, precisa y comprensible sobre procesos que afectan profundamente sus vidas”, concluye.
Mientras tanto, las víctimas esperan que el Ministerio Público cierre la investigación y avance hacia una etapa que permita esclarecer responsabilidades y determinar el destino de los fondos involucrados en una causa que, más de dos años después de iniciada, sigue dejando preguntas abiertas.
