Esta semana la Contraloría Regional de Valparaíso evacuó un informe, luego de realizar una auditoría y examen de cuentas a los gastos realizados por la Corporación Municipal de Valparaíso (CORMUVAL), entre el 1 de enero de 2017 y 30 de junio de 2019, con cargo a diferentes fondos de educación, cuando en realidad estaban destinados a las áreas productivas de dichos establecimientos.

La auditoría reveló que tanto en el Liceo Técnico de Valparaíso como en el Liceo María Luisa Bombal, se desarrollaron actividades comerciales que nada tenían que ver con los talleres pedagógicos que deben impartir ambos establecimientos, dado que eran presupuestos separados. Lo anterior, implicó la percepción de $490.649.302, proveniente de actividades ajenas a la finalidad pública pedagógica de la corporación, por lo cual, la entidad fiscalizadora solicitó su suspensión inmediata.

Esto fue alertado por el diputado Andrés Celis, hace más de un año, cuando en mayo de 2019 denunció a Contraloría esta situación. Mismos antecedentes fueron enviados a la Superintendencia de Educación, a la Seremi del ramo y a Defensoría de la Niñez, debido a que los alumnos menores de edad estaban involucrados en este caso, al ser los que habrían prestado los servicios en estas prácticas educacionales, según establecen desde la misma Municipalidad de Valparaíso.

De esta manera, se dará inicio a un juicio de cuentas, por el reparo en cerca de 900 millones de pesos y, además, el inicio de un procedimiento disciplinario para establecer responsabilidades de los funcionarios municipales.

Respecto al informe, el diputado Celis aseguró que “este informe confirma las gravísimas prácticas al interior de la Corporación Municipal de Valparaíso y en esos dos liceos, los cuales fueron utilizados como máquinas operadoras de servicios que luego vendían a la propia CORMUVAL, algo absolutamente impropio, poco probo y respecto del cual el alcalde debe responder a la brevedad".

“Si bien el informe de Contraloría es contundente en cuanto a las infracciones legales detectadas, teniendo responsabilidad administrativa el Presidente de la CORMUVAL, esto es, el alcalde de Valparaíso, aquí existen otros organismos que ahora urge se pronuncien, porque hace un año yo los puse en conocimiento de lo que ahora confirma la Contraloría. Así, la Superintendencia debe dar a conocer los resultados del procedimiento disciplinario que llevó a cabo, la Defensoría debe dar a conocer la información que le entregó el alcalde y, finalmente, la Fiscalía de Valparaíso debe dar a conocer los avances en la investigación penal”, finalizó el parlamentario.

Mientras, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, salió a explicar en las redes sociales del municipio que "esos 900 millones de pesos se gastaron en sueldos de profesores de las áreas productivas de esos colegios, que realizaban prácticas profesionales a los jóvenes. Estamos hablando de sueldos y cotizaciones de tres años, insisto, no es plata que se perdió. Pero la Contraloría señala que no están asociadas a procesos pedagógicos, pese a que antes lo estaban, ahora no lo están, y hay que actuar en función de lo que señala Contraloría".

De esta manera, el representante comunal asegura que este dinero fue efectivamente utilizado en el pago de servicios desde la corporación hacia estas áreas donde se realizan trabajos para la comunidad, y que el principal problema sería que estas, en la actualidad, estarían separadas del presupuesto destinado a la CORMUVAL.

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