Este miércoles 26 de agosto entró en vigencia la Ley "Chao Dicom", normativa que modificó la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.

El proyecto, iniciado en moción de los senadores Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Carlos Montes y Jaime Quintana, tiene por objeto impedir que la morosidad en el cumplimiento de deudas educativas, pueda constituir un punto negativo en los antecedentes comerciales o financieros de una persona, que lo inhabiliten para acceder a otros tipos de créditos.

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“Este es un hito importante porque durante mucho tiempo en Chile la educación ha sido un negocio que ha significado endeudar a cientos de miles. Esas personas cargan una pesada mochila, y parte de esa carga tiene que ver con los registros comerciales que implican para muchos no poder arrendar una casa porque están en Dicom, que se les niegue la atención en una clínica, entre otras situaciones”, dice la diputada Camila Rojas (Comunes), impulsora de la norma

“Esta ley se empujó con fuerza desde el Frente Amplio, Deuda Educativa, Nodo XXI y otras organizaciones. Con esto no se acaba la deuda, no se acaba el CAE, ni toda la mercantilización que ha habido en educación en la última época en Chile, pero sí es un gran alivio para miles de personas. Está pendiente la condonación del CAE y la lucha por una educación universal, gratuita y de calidad", añadió el senador Juan Ignacio Latorre (RD) que también promovió la iniciativa.

¿Qué significa la ley "Chao Dicom"?

De esta forma, los registros y bancos de datos no podrán comunicar:

• Todos aquellos antecedentes que digan relación con las deudas contraídas por una persona con instituciones de educación superior en el marco de las normas del Fondo Solidario de Crédito Universitario.
• Las deudas adquiridas con bancos o instituciones financieras de conformidad a la ley que creó el Sistema de Créditos para Estudios Superiores (deudas CAE).
• Las deudas contraídas con bancos o instituciones financieras en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior, administradas por la Corporación de Fomento de la Producción.
• Las deudas contraídas con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional formal en cualquiera de sus niveles.