Este 9 de julio se producirán los alegatos en el Tribunal Constitucional (TC) a raíz de un recurso presentado por la pesquera industrial Landes en contra de la aplicación de la Ley de la Jibia.

La empresa sostiene que la Ley de la jibia es retroactiva al intervenir situaciones consolidadas previamente a su entrada en vigor, existiendo derechos constitucionales comprometidos.

En concreto, el precepto impugnado establece, en lo que interesa al recurso, la prohibición de la captura de jibia que se realice por medio de cualquier aparejo o arte de pesca que no sea la potera o línea de mano.

En este sentido, la empresa sostiene que el precepto impugnado infringiría el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, debido a que la aplicación que Subpesca ha hecho de la prohibición de la pesca de arrastre, como consecuencia de la entrada en vigor de la ley N°21.134, haría jurídica y económicamente inviable la operación de las actividades extractivas respecto de una entidad que cuenta con autorizaciones de pesca previamente otorgadas, y para cuya realización, ha realizado inversiones que hoy son, sin más, simplemente desconocidas por la Resolución administrativa.

Asimismo, la pesquera industrial considera vulnerado su derecho de propiedad, puesto que el impedimento que envuelve la regulación habría afectado el derecho de propiedad de la está sobre tales títulos habilitantes y las prerrogativas de uso y goce que de ellos emanan, y que le otorgaron derechos adquiridos para explotar los recursos que en cada caso se indican y entre los cuales se encuentra la pesquería de la jibia.

Cabe recordar que la ley en cuestión, aprobada el 8 de enero del 2019, es una normativa que permite que el molusco pueda capturarse únicamente con un sistema empleado por los pescadores artesanales, a través de la captura a potera y la línea de mano con el fin de asegurar que el sector artesanal tenga un espacio para llevar a cabo su actividad y mejorar la sustentabilidad asociada a la explotación de la especie, lo que ha generado la molestia del sector industrial, quienes han manifestado su preocupación por las pérdidas de empleo que implicaría esta ley.

Por su parte, Hernán Cortes, Presidente del Consejo de Defensa por el Patrimonio Pesquero, Condepp, señaló, en declaraciones emitidas por el medio Diario y Radio U Chile, que la ley de la Jibia es parte de una lucha incansable de siete años de movilizaciones del sector artesanal para lograr generar ingresos en lo que es una distribución desigual de las cuotas de pesca.