Hace ya meses que algunos sectores del mundo político y social vienen denunciando el intento del gobierno de Sebastián Piñera por promover una agenda militarizadora, y especialmente peligrosa en términos de seguridad interior.

En ese contexto, es que este miércoles la organización de académicos "Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas" (GADFA), emitió un comunicado llamando a los parlamentarios de la oposición a rechazar estos proyectos, así como las prácticas asociadas, como el reciente envío de militares a La Araucanía.

"En el contexto del Estado de Emergencia y de la urgente prioridad de medidas para frenar los efectos de la pandemia, el gobierno ha enviado al Congreso un conjunto de proyectos de ley que, vistos en su conjunto, constituyen un riesgo para el control civil de la defensa, perpetua el rol de las FF.AA en el orden interno, y debilitan lo que debe ser un Estado democrático de derecho. Estos son: proyecto que crea el Sistema de Inteligencia del Estado; proyecto de Infraestructura Crítica; el que limita la Cooperación del Estado con la Corte Penal Internacional (CPI) y; finalmente, el proyecto que establece un nuevo sistema de compras e inversiones de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional. Diversos análisis han puesto al descubierto sus complejas aristas y el peligroso avance hacia la militarización de la seguridad pública. El decreto que regula el uso de la fuerza se inscribe en este marco", indican en el texto.

En esa línea, el grupo sostiene que actualmente "la presencia de militares en las calles, el toque de queda y el control de datos personales, son situaciones propias de un Estado de Excepción. Sin embargo, no se debe soslayar que el incremento de los niveles de incertidumbre, los impactos económicos y sociales que arrastra la pandemia, unido al descontento ciudadano con la democracia, abren una ventana para avalar el incremento de la autonomía y poder de los cuerpos armados. La sensación de que para hacer frente a la crisis se necesita más autoridad y menos democracia, no está ausente en algunos sectores de la sociedad".

Sobre el envío de un contingente militar a La Araucanía, el grupo agrega que dicha acción "agrava una situación desde ya muy compleja, lo que se agrega a una lista de desaciertos del gobierno. Esta decisión no hará más que escalar el conflicto y avanzar por el peligroso camino de la intervención de las Fuerzas Armadas en roles de seguridad interior. Se añade la preocupación por la participación de militares en políticas de control al narcotráfico en la frontera norte del país".

"La coyuntura crítica por la que atravesamos requiere que la comunidad recupere la confianza en los actores políticos y en las instituciones del Estado y, como parte de ellas, en las Fuerzas Armadas, cuyas capacidades logísticas y profesionales, puestas al servicio de la comunidad, no deben debilitar el control civil ni la clara separación de los roles y funciones castrenses y policiales. En un contexto constituyente como el que enfrenta nuestro país creemos preciso tener un debate amplio sobre las políticas de defensa y militar, pues estas son fundamentales para la proteger la soberanía nacional, así como la cooperación en defensa a nivel regional y global. La cooperación internacional en materia de seguridad, como son las Operaciones de Paz, deben ser la expresión de ello", enfatizan.

Por esto, su llamado es a los partidos de oposición a "plantear su rechazo a las políticas del gobierno hacia las Fuerzas Armadas respecto a su rol en temas internos; especialmente la que establece un nuevo sistema de inteligencia. Es necesario plantear un debate que reposado, técnico pero democrático respecto a la importancia de contar con FF.AA. que, como parte del Estado, estén abocadas a su función esencial que es la defensa de la soberanía del país".