Hace ya más de un mes que la población que vive con VIH/Sida viene denunciando que la entrega de medicamentos no está cumpliendo lo recomendado por el Programa de la ONU para el VIH/Sida (Onusida) y por el Colmed.

Esto, en relación a que estos organismos han sido enfáticos en señalar a los gobiernos que la población con VIH es particularmente vulnerable ante enfermedades como el COVID-19, por lo que la entrega de medicamentos debe hacerse por periodos extensos (cada 3 meses es la recomendación), para así evitar que deban exponerse al virus cuando acudan a los centros que repartes los fármacos.

[Te puede interesar]: Director del Hospital Lucio Córdova desmiente al Minsal por supuestas instrucciones en entrega de tratamientos VIH

Sin embargo, a pesar de que en lo comunicacional el Minsal ha insistido en que el tema está siendo abordado, distintas recursos ante la justicia han dado cuenta de que la situación ha significado que este grupo de la población ha debido exponerse a la enfermedad en consultorios y otros centros asistenciales, de forma habitual.

Así lo expresó Víctor Hugo Robles, quien a inicios de mes presentó un recurso de protección contra el Ministerio de Salud, el cual provocó que el 19 de este mes la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara que el Minsal “haga entrega al recurrente, en una única entrega, de su terapia de medicamentos para el VIH por los próximos tres meses, en atención a la actual situación sanitaria del país”, lo que ocurrió efectivamente esta semana.

No obstante, este recurso aplicó solo a Robles, y aunque el Minsal fue consultado si extendería esta práctica a otros casos, declinó responder.

[Te puede interesar]: Corte de Apelaciones ordena al Ministerio de Salud la entrega de terapia para VIH por tres meses

Por esto, se han destapado una serie de otros recursos, como el de Carlos Monsalve, de Concepción, quien también acudió a la justicia luego de que se le entregara el medicamento por un mes. “En mi condición de persona VIH positiva, soy doblemente vulnerable a las complicaciones clínicas del coronavirus, exponiéndome incluso a la muerte”, explicó Monsalve a La Tercera.

La misma acción judicial interpuso Felipe Díaz, de Iquique, quien explicó al mismo medio que los últimos tres meses acudió al hospital regional “para retirar los medicamentos necesarios para mi tratamiento VIH, y en todas las ocasiones se me ha entregado la cantidad necesaria para solamente un mes".

A estos casos, se suman otros en Valparaíso, Tarapacá, La Serena y Puerto Montt (estos últimos dos serán presentados durante esta jornada). Todos denunciando una misma realidad: que el Estado chileno ya sea por desidia o negligencia, está arriesgando la vida de las personas con VIH al no asegurar la entrega de medicamentos por más tiempo.

En el caso judicial de Robles, la Subsecretaría de Salud Pública emitió el martes un informe, a petición de la Corte de Apelaciones de Santiago, con los argumentos por los cuales consideraba que se debía rechazar el recurso de protección del paciente.

El documento sostiene que la Subsecretaría de Redes Asistenciales instruyó el 7 de abril la entrega trimestral de medicamentos, lo que “debe realizarse de acuerdo a la disponibilidad de stock, frecuencia de reposición, capacidad de almacenamiento en las redes” , algo que sin embargo, no ocurrió, según lo comprueban las denuncias de quienes debían recibir estos medicamentos y declaraciones como las del Director del Hospital Lucio Córdova, quien desmintió haber recibido instrucciones en entrega de tratamientos VIH.

En el mismo documento, se argumenta que "el recurso de protección no es un medio idóneo para la dictación de políticas públicas sanitarias", insinuando con esto que el Poder Judicial no podría intervenir cuando las políticas públicas vayan en desmedro de la salud de la población, como es el caso.

"El Recurso de Protección no es la vía adecuada para este tipo de impugnaciones, pues lo solicitado por el recurrente intenta traspasar a los tribunales una decisión que corresponde a quienes ejercen la Administración (del Estado) de  forma que cualquier pronunciamiento (de parte del Poder Judicial) consistiría en una intromisión en la adopción de políticas públicas en materia sanitaria", argumenta el escrito.

Ante esto, Víctor Hugo Robles enfatiza que el Minsal no solo llama mentirosos a los denunciantes, sino que además, cuestiona las aptitudes del Poder Judicial para dirimir cuando el Estado afecta a la población.

"Esa inquietud y preocupación por este tema que el ministro Paris ha comunicado en diversas instancias, no se refleja en este documento del Minsal que desafía al Poder Judicial, que cuestiona las atribuciones propias de la justicia chilena en el ámbito de la garantía del salud y del derecho a la vida", sostiene Robles.

Por esto, Robles agrega que le preocupa mucho "que el ministro de Salud esté tan mal informado de lo que está ocurriendo. Él dice que se están entregando terapias porque es la información que recibe, pero la verdad es que en la gran mayoría de los centros de terapias se están entregando por un mes, si se estuviesen entregando como ellos dicen no tendríamos que acudir a los tribunales de justicia, es lógico, y tampoco serían declarados admisibles por la justicia estos recursos".