Este domingo, en representación de diversas asociaciones de servidoras y servidores públicos, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) interpuso una acción de protección -conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República- en contra del Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Esto, por el reciente decreto del gobierno, ampliamente criticado por la opinión pública, que imparte nuevas instrucciones y medidas sobre el plan de Retorno Gradual de las funciones en los ministerios y servicios públicos de la Administración del Estado, producto del brote de COVID-19.

El recurso es interpuesto por la Abofem por considerar que la orden oficiada por ambos ministros corresponde a un acto arbitrario e ilegal que amenaza las garantías fundamentales de los artículos 19 N°1, N°2 y N°9 de la Constitución, esto es, el derecho a vida e integridad física y psíquica, así como la igualdad de las personas, poniendo en serio riesgo su salud.

De acuerdo con las abogadas, la acción se basa en lo señalado por organismos internacionales (Organización Mundial de la Salud) y nacionales (Colegio Médico) especializados en la materia, quienes señalan que las únicas medidas efectivas para prevenir la pandemia es la abundante higiene personal y cuarentena total, accediendo a mecanismos de trabajo remoto.

Esta nueva orden deja sin efecto las medidas de trabajo a distancia y prevención de la salud de los funcionarios que se habían instruido previamente a través del Oficio Circular N°10 de fecha 18 de marzo de 2020.

Según la Asociación, este decreto busca cautelar los intereses y derechos constitucionalmente reconocidos de los trabajadores de la Administración del Estado, sea a honorarios, contrata u otra forma.

A este recurso se sumó el Sindicato de trabajadores de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (5INCOH), quienes denuncian que la medida impuesta desde el gobierno pone en riesgo la vida de funcionarios y sus familias.

De acuerdo con el Sindicato, esta medida "pone de manifiesto la intención del gobierno de retornar a la normalidad en medio de la crisis, privilegiando la economía por sobre la vida de las personas", denunció Cecilia Toro, presidenta del sindicato de trabajadores a honorarios de 5INCOH.

Así, Toro señaló que la institución comunicó que el retorno sería implementado de forma paulatina, pero expresa preocupación debido a que no están dadas las condiciones para asegurar la salud de las funcionarias y funcionarios que regresen a trabajar. "Desde problemas de climatización hasta las aglomeraciones en ascensores, incluyendo traslados en el transporte público, estamos poniendo en riesgo las vidas de la salud de los trabajadores, por privilegiar la salud de la economía", sentenció.

"Esperamos con este recurso poder sentar un precedente que favorezca las trabajadoras y trabajadoras que están siendo forzados a volver a trabajar de forma presencial. Los trabajadores de ANID, así como todos los funcionarios públicos o quienes trabajan en el retail, no poseen los recursos como para acceder a una atención oportuna en la salud privada, nos atendemos en los SAPU, CESFAM y hospitales públicos", finalizó Cecilia Toro, aludiendo al posible colapso del sistema debido a esta medida.