Este sábado, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por 29 militares condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos en Punta Peuco, quienes buscaban cumplir sus condenas desde sus casas.

Esto, en el contexto del proyecto que establece un indulto conmutativo a causa de la actual emergencia sanitaria, para que adultos mayores, madres de hijos menores de dos años y mujeres embarazadas -entre otros- que están en prisión, cumplan arresto domiciliario; excluyendo específicamente de este beneficio a quienes estén condenados por delitos de lesa humanidad.

Sobre el recurso presentado por los reos, los ministros Dobra Lusic, Alejandro Rivera y el suplente Rafael Araneda establecieron que no hay derechos constitucionales conculcados, de acuerdo con lo recogido por Radio Biobío.

"Los antecedentes expuestos en el recurso no dan cuenta de hechos que, según el artículo 21 de la Constitución Política de la República, correspondan a aquellos susceptibles de la cautela impetrada por esta vía, puesto que se refieren a políticas públicas impulsadas desde la Presidencia de la República; por lo cual la acción de amparo deducida no puede ser acogida a tramitación. Por estas consideraciones, se declara inadmisible el recurso deducido", se lee en el fallo.

El documento legal fue presentado por Alfred Cooper, obispo de la Iglesia Anglicana, Fernando Montes, sacerdote jesuita, el asistente pastoral Fernando Escudero, el pastor adventista Ricardo Pereira, directivo de la iglesia cristiana, y el médico neurólogo Jorge Flefel.

Según el recurso, el argumento de los reos de Punta Peuco se basaba en que los militares en retiro eran adultos mayores y que por padecer enfermedades de base podían enfermar de COVID-19. Por ello solicitaron en la acción constitucional que se les permitiera cumplir la pena en sus respectivos domicilios o "por el tiempo que dure la pandemia del coronavirus", considerando que sus vidas corrían "grave peligro".

"Consideramos que la decisión de rechazo a la modificación en la ejecución penal los enfrentaría a una muerte segura si llegan a contagiarse con el coronavirus. Tales condiciones de detención podrían convertirse en breve en una pena de muerte", se lee en el documento, ahora archivado por la Corte.