Sra.

Michelle Bachelet Jeria

Alta Comisionada Derechos Humanos ONU:

Con profundo malestar y preocupación, los aquí firmantes, hemos conocido la declaración pública del señor Francisco Cox del pasado 25 de diciembre, quien investido de una cuestionable condición de abogado experto en derechos humanos sostiene de manera tajante y transgrediendo cualquier seriedad en el análisis u objetividad de los principios de derecho internacional de los derechos humanos, que en Chile no se han perpetrado delitos de lesa humanidad. Tal antojadiza afirmación, desconoce la gravedad y dimensión de las graves vulneraciones a los derechos humanos perpetradas por agentes estatales de entidades jerarquizadas, que en cuanto crímenes de Estado han sido concretamente evidenciadas por quienes continuamente trabajamos en la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables, así como por los organismos e instituciones internacionales que han verificado los ilícitos denunciados, además de los continuos informes y cifras publicadas por organismos autónomos estatales como el Ministerio Público chileno y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Denunciamos, por tanto, que tal acto de negacionismo disfrazado de polémica pseudo académica en torno a la naturaleza y dimensión de delitos que no han cesado de perpetrarse, ni menos avanzado de su fase inicial de investigación penal, es como todo negacionismo no solo un acto autoritario que vulnera seriamente los derechos de las víctimas revictimizándolas, sino que además tiene por principal objeto asegurar la impunidad y oponerse a la construcción de las garantías de no repetición.

Es así como Francisco Cox, defensor de Jovino Novoa, subsecretario General de Gobierno durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet acusado por delitos tributarios, defensor de los intereses de la ministra Cubillos y socio del ex ministro de Justicia del Presidente Sebastián Piñera, deja de lado toda objetividad en sus análisis y ejerciendo su rol de defensor político del gobierno actual, niega de plano las graves violaciones a los Derechos Humanos y una posible responsabilidad del máximo mandatario.

El problema de sus dichos no son la marcada defensa y posible negacionismo por parte de alguien que se presenta como “abogado experto en derechos humanos”, sino que justamente el señor Cox será uno de los agentes enviados por la Alta Comisionada de DDHH de la ONU para conocer la situación de la Republica Bolivariana de Venezuela, visita que parece del todo innecesaria cuando desde ya se conoce los lineamientos y defensas ideológicas del agente Cox, siendo gravemente vulnerados principios y estándares mínimos en el derecho internacional de los derechos humanos.

Con todo y para efectos de realizar un análisis serio, objetivo y no tendencioso de la situación de los derechos humanos en Venezuela y en nuestro país, manifestamos que es preciso revisar las características propias del señor Cox, quien pareciera no contar con competencias mínimas para desarrollar un trabajo que confiera garantías mínimas de objetividad y búsqueda de la protección de los derechos humanos para todos y todas.

1.-­‐ Karinna Fernández Neira

2.-­‐ Magdalena Garcés Fuentes

3.-­‐ Boris Paredes Bustos

4.-­‐ Cristian Cruz Rivera

5.-­‐ Hugo Montero Toro

6.-­‐ Alberto Espinoza Pino

7.-­‐ Adil Brkovic Almonte

8.-­‐ Fernando Monsalve Arias

9.-­‐ Carolina Cubillos De La Fuente

10.-­‐ Sebastián Velásquez Díaz

11.-­‐ Julia Urquieta Olivares

12.-­‐ Marta De La Fuente

13.-­‐ Carlos Margotta Trincado

14.-­‐  Luis Mariano Rendón

15.-­‐ Fabiola Monteconrado

16.-­‐ Myrna Villegas Díaz