El 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió acoger a tramitación una querella criminal en contra de todos los involucrados en los delitos de omisión de denuncia y prevaricación administrativa, luego que un funcionario de Gendamería se coludiera, presuntamente, para faltar a la verdad y dañar la honra de Rodrigo Luna, miembro y dirigente de la institución que fuera acusado de estar involucrado en la entrega de títulos académicos falsos a miembros del organismo.

De acuerdo a los antecedentes reunidos para inculpar a Luna y a dos gendarmes más (Leandro Tegler y Alex Catalán), cerca de 300 funcionarios presentaron -entre los años 2012 y 2015- certificados de título emitidos por las universidades La República, Sek y el Instituto Valle Central, en sus sedes de Santiago y Talca, los que resultaron ser falsos, según la causa que dirigió el fiscal de Alta Complejidad Metropolitano Centro-Norte, Jaime Retamal.

Todo esto habría sido realizado por medio de un masivo cobro de asignaciones profesionales indebidas, presuntamente realizado por los inculpados.

No obstante, el abogado querellante Fernando Leal, aseguró que en esta trama estuvieron implicados distintos actores vinculados al actual director nacional de Gendamería, Christian Alveal. Asisos mismos antecedentes en su minuto los ocupó el Ministerio Público para perseguir al señor Luna”.

“Tanto Luna como Tegler, han sido víctimas de una persecusión sin precedentes en su calidad de dirigentes gremiales de la institución, se les acusó de hechos falsos, se conspiró para hacer pasar esas imputaciones como verdaderas, se robaron partes de un expediente sumarial que los exculpaba, se construyó un montaje burdo y criminal para denostarlos y hacerlos desaparecer de Gendarmería. Se les dañó en su honra, en su integridad psíquica, en su patrimonio, en sus Derechos Humanos”, aseguró Leal.

Por tanto, en el escrito admitido por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, aparecen como imputados de falso testimonio, “el gendarme 1° Daniel López Muñoz, el coronel (R) Patricio Olivares Araya, el teniente coronel Alberto Figueroa Quezada, el coronel (R) Freddy Larenas Durán, el coronel (R) Juan Manríquez Sepúlveda y el coronel (R) Juan Letelier Araneda, además de los civiles Christian Savelli Lara y Elizabeth Ubilla”.

Conjuntamente, Leal ha insistido en que Luna no tenía responsabilidad en los hechos que se le imputaban en el proceso administrativo iniciado en su contra, toda vez que la carpeta de investigación habría sido alterada al arrancarse de ésta antecedentes que demostraban su inocencia y la del resto de los involucrados, con el fin de “dar sustento a la persecución penal en contra de mi representado”, como dicta la querella.

A raíz de lo anterior, se despachó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, y se citará a declarar nuevamente a todos los involucrados en el caso, entre quienes se cuenta al fiscal del Ministerio Público que llevó la causa, Jaime Retamal.

“Esperamos que se haga la luz, que caigan todos los que actuando dolosa y deliberadamente construyeron esta telaraña de mentiras y falsedades. Que se llegue hasta el último responsable, sea funcionario de Gendarmería, del Ministerio Público o de la judicatura. Es una ingenuidad que crean que esto no les iba a traer consecuencias”, añadió el abogado Fernando Leal.

Y concluyó: “Este caso se terminará internacionalizando, y estoy cierto que el Estado chileno será condenado por lo que ha ocurrido. Acá rodarán varias cabezas, ellos lo saben y ya estos días han llamado a mis representados pidiéndoles no seguir adelante”.