La declaración surgió esta semana, un año exacto después de la primera vuelta electoral en Brasil, y asegura que, en la semana previa a esa votación, el servicio de mensajería instantánea fue usado para enviar una cantidad masiva de informaciones falsas con contenido direccionado al proceso electoral.

Quien lo dijo fue Ben Supple, director de Whatsapp para temas políticos. Según él “en la elección brasileña se registró la actuación de empresas que ofrecieron un servicio de envíos masivos de mensajes, que terminaron violando nuestros términos de uso para alcanzar un gran número de personas, y la mayoría de esos mensajes contenían informaciones no comprobables”.

Las declaraciones de Supple esta semana surgieron durante el Festival Gabo, que ocurre en Medellín, Colombia, en homenaje al escritor Gabriel García Márquez.

Supple no detalló los nombres de las empresas que ofrecieron esos servicios, ni las empresas que lo contrataron, y tampoco para qué candidaturas trabajaron, pero su declaración igual es muy importante, porque confirma lo denunciando aún en octubre de 2018 por un reportaje de Folha de São Paulo, de la periodista Patrícia Campos Melo, que reveló una estrategia ilegal de la campaña de Jair Bolsonaro basada en disparar mensajes falsos de forma masiva con fake news sobre su principal adversario, Fernando Haddad, y su partido, el PT (Partido de los Trabajadores).

El reportaje se basó en el testimonio del empresario español Luis Novoa, dueño de Enviawhatsapps, quien confirmó que un grupo de empresarios brasileños contrató en junio a su agencia para hacer envíos masivos a través de Whatsapp, en favor del entonces candidato Jair Bolsonaro.

Los textos del reportaje fueron publicados entre la primera y la segunda vuelta electoral, e incluso generaron una apertura de investigación por parte del TSE (Tribunal Superior Electoral, órgano responsable por los procesos electorales en el país), pero que jamás llegó a una conclusión – pese a las insistencias del PT para que se avanzara con el proceso, alegando que podría terminar comprobando una irregularidad que ameritaría la decretar inválida la victoria electoral de Jair Bolsonaro, ya que la legislación brasileña prohíbe que empresas financien acciones para las campañas de los candidatos más allá de las donaciones que reciben y declaren ante la autoridad electoral.

Ante esa revelación, el magistrado Jorge Mussi, del TSE, ordenó que los proveedores de internet entreguen las informaciones que poseen respecto a qué empresas financiaron el envío de esos mensajes. Según su solicitud, las empresas tienen tres días hábiles para hacerlo. Es decir, el plazo para el cumplimiento es el martes 15 de octubre