“Se ha vulnerado una medida cautelar vigente”, fue el argumento que fundamentó la decisión de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para declarar admisible el recurso de protección en contra de la empresa pesquera Cabo Pilar, decretando el cierre de sus faenas hasta que no se resuelva el fondo del recurso.

Esto luego de que comunidades de Puerto Williams y la Fundación Greenpeace Pacífico Sur presentaran el recurso de protección en contra de la empresa por haber incurrido “en actos arbitrarios e ilegales, toda vez que ha vulnerado una medida cautelar vigente, de la cual se encontraba en pleno conocimiento”, según consignó el diario La Prensa Austral.

En concreto, la medida cautelar obligaba a Cabo Pilar S.A. a “la suspensión total de operaciones y de ingreso de peces y de estructuras flotantes (…) o cualquier otro bien mueble respecto de la concesión de acuicultura”.

Al violarla, la empresa que es dueña además de otras tres concesiones de salmonicultura en el sector, y que fue adquirida por la empresa de capitales noruegos Nova Austral, según consignó El Mostrador, incurrió en una transgresión que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas no dudó en castigar.

El alcalde de Puerto Williams, Patricio Fernández, expresó en entrevista con el mismo medio, que “esta es una gestión común. Creo que habla muy bien del trabajo que se está realizando en conjunto entre la comunidad, la municipalidad y los asesores externos que tenemos el mismo propósito de prohibir que se instalen las salmoneras en el Canal Beagle.”

“Pero ahora no hay que bajar los brazos, hay que mantener la lucha abierta”, agregó Fernández.

En la misma línea, Estefanía Gonzales, coordinadora del área de oceános de Greenpace, declaró que “con esta resolución se demuestra una vez más que la empresa inició sus operaciones de manera ilegal. Nova Austral intenta exhibir un rostro que contrasta con la forma de actuar, que es violando la ley y operando en parques y reservas nacionales”.