Por 7 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Salud de los diputados resolvió aprobar una Ley interpretativa de la objeción de conciencia que fue presentada por parlamentarios de oposición para poner fin a algunas diferencias a la hora de aplicar la medida.

En estrecha votación, uno de los puntos clave fue el que hace hincapié en que las clínicas que se declaren objetoras de conciencia no reciban recursos públicos, es decir, que no tengan convenios ni beneficios del Estado.

El proyecto, que se enmarca en la Ley de Aborto en 3 causales, ahora deberá seguir su curso legislativo en el Congreso y someterse a votación en la sala de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, y como se viene haciendo una constante desde hace algunos años, el oficialismo, específicamente los congresistas de la UDI, ya advirtieron que si el documento avanza a las próximas etapas en el parlamento, recurrirán al Tribunal Constitucional.