Ya han pasado seis meses desde que entrara en vigencia la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. En este periodo se han registrado 123 casos en los que se ha invocado la normativa, de estos se han concretado 111 abortos.

Según los datos aportados por el Ministerio de Salud, de las intervenciones que se han realizado en el sector público, 50 pertenecen a la primera causal de riesgo de vida de la madre, 35 a la segunda de inviabilidad fetal, mientras que 26 corresponden a la tercera que es de violación, según consigna La Tercera.

De todos los casos que se han presentado hasta el momento, en 12 las mujeres que invocaron la ley decidieron continuar su embarazo. En tres casos se invocó por la causal de riesgo de vida, en ocho por inviabilidad fetal y una por agresión sexual.

Estos primeros seis meses también se han presentado problemas, como el que ocurrió en octubre de 2017, cuando el Hospital de Castro decidió no interrumpir el embarazo de una menor que fue violada por desconocer el procedimiento. Debido a esto la niña tuvo que se trasladada a Santiago para que se realizara la interrupción del embarazo.

Ante esto, el Minsal instruyó a todos los servicios de salud que se aplicara la normativa como indicaba la ley. Hasta ese momento aún no se había generado el protocolo que establecía las normas y reglamentos que permitirían una implementación total de la ley.

En marzo de este año, el Ministerio de Salud de la administración de Piñera modificó el protocolo de objeción de conciencia y eliminó la indicación que establecía que las clínicas que contaran convenios con el Estado en prestaciones ginecológicas y obstétricas no pudieran acogerse a la objeción de conciencia institucional.