Un nuevo escándalo atraviesa la Universidad Arcis desde que entró en proceso de quiebra en febrero de este año hasta que se decidió su cierre tres meses después.

El ex sindicato número dos de trabajadores de la casa de estudios emitió recientemente un comunicado donde asegura que el Ministerio de Educación mandó a retener 2 mil millones de pesos destinados a pagar los sueldos de trabajadores de la institución.

De acuerdo a la organización, se trata del salario por el trabajo realizado durante los dos años de administración provisional, lo que "significó un gran sacrificio para los profesores y funcionarios que se quedaron a apoyar la continuidad de la universidad".

Concretamente, el sindicato acusa que tuvieron que sobrevivir durante 16 meses sin pago de sueldos ni cotizaciones provisionales. "Todo esto frente a la casi 'divina' mirada del ministerio de educación que frente a la catástrofe contempla, pero no puede intervenir", añaden.

Desde esta organización relatan que "después de la liquidación forzosa de la Universidad ARCIS y del despido de la totalidad de los trabajadores, la universidad ha sido administrada por el síndico señor Cristian Herrera quien organizó una recontratación de funcionarios y profesores".

"Siguiendo lo que determina la ley 22.700, el sr. Herrera y de acuerdo a las determinaciones de la Junta de Acreedores de la Universidad ARCIS ha realizado el pago del 27.3% de las remuneraciones adeudadas a los trabajadores. El día 4 de agosto, la Junta de Acreedores junto con el síndico sr. Herrera acordaron que con la recaudación de la venta de la Sede Libertad Nº 53, por la que se espera recaudar 3.400 millones, se pagara la totalidad de las remuneraciones adeudadas a los trabajadores. Sin embargo, inesperadamente el Ministerio de Educación decidió realizar una maniobra a través de su departamento jurídico en el 4 juzgado Civil de Santiago, en la cual se solicitó la retención de 2.000 millones para la continuidad de giro de la universidad", subrayan.

Desde el sindicato calificaron el hecho como una "ofensa indecorosa a la dignidad de los trabajadores y sus familias" y puntualizan que "es inaceptable que una lectura estrecha de la ley 20.800 en lo que respecta el financiamiento de la universidad fundamente el intento por apoderarse de los fondos de la junta de acreedores".

"Conminamos al ministerio a desistir de futuras acciones jurídicas en contra de los intereses de los trabajadores y su dignidad. Y señalamos que quienes aún trabajamos en la universidad no estaremos disponibles para dar continuidad al proceso que ahora se lleva a cabo bajo la figura del Administrador de Cierre", concluyen.