Por 27 años se ha mantenido vigente en Chile una legislación que vulnera gravemente la dignidad y los derechos de las mujeres en el país, aquellos garantizados por la Constitución Política como también los derechos y libertades reconocidos en los tratados internacionales.

Es por ello que frente a la resolución que declaró admisible el requerimiento de inconstitucionalidad del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales,  presentado por senadores/as de oposición, Corporación Humanas, Amnistía Internacional, APROFA y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales se hacen presentes en las audiencias públicas que se celebrarán los días miércoles 16 y jueves 17  de agosto, contando con el auspicio de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF),  Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) y la Confederación Nacional de la Salud Municipal (CONFUSAM).

Este proyecto de ley ha sido insistentemente exigido por organismos internacionales de derechos humanos. Chile  es uno de los pocos países en el mundo que todavía mantiene la total criminalización del aborto, lo que constituye una gravísima violación a los derechos humanos de niñas y mujeres.

“El Tribunal Constitucional debe estar a la altura de la decisión histórica que le corresponde adoptar, y se espera que efectivamente cumpla su rol de velar por el carácter laico del Estado de Chile y de proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas, garantizadas por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes en el país”, sostiene Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas.

Las tres causales aprobadas por el Congreso Nacional: riesgo de vida para la mujer, inviabilidad fetal y violación, son las situaciones más corrientes donde los países permiten la interrupción del embarazo contando con la debida atención médica.

“El proyecto de aborto no viola la Constitución de Chile, tampoco atenta contra la protección del que está por nacer, lo que hace es dar lineamientos sobre cómo llevar a cabo dicha protección en línea con los tratados internacionales de derechos humanos. Este proyecto establece excepciones en casos tan extremos como son cuando está en riesgo la vida de la mujer, cuando existe inviabilidad fetal o cuando el embarazo es producto de una violación”, menciona Tatiana Rein, vocera de Amnistía Internacional.

Por su parte, Débora Solis, Directora de APROFA, declara que “El Tribunal Constitucional debe ratificar esta legislación, lo que permitirá recuperar un derecho que las mujeres en Chile tuvimos hasta 1989 y que la Dictadura se encargó de vetar antes de salir de La Moneda. Estamos aquí porque las organizaciones sociales de derechos humanos y feministas no hemos descansado ni un segundo para poder recuperar este derecho y en esa línea seguir trabajando por hacer realidad todos los derechos sexuales y reproductivos que los tratados internacionales nos consagran. Estar aquí es un avance y un impulso para seguir trabajando por mejorar las condiciones de vida de niñas y mujeres en general”.

 Lidia Casas, Directora del Centro de Derechos Humanos advierte que el “Estado de situación normativa, en el caso chileno, impone medidas heroicas de sufrimiento y trato cruel a niñas, adolescentes y mujeres que no se imponen a otras personas. Un embarazo forzado producto de una violación y su imposición obligan a buscar salidas en abortos clandestinos poniendo en riesgo sus vidas. A los que han impulsado un requerimiento de inconstitucionalidad del proyecto no les importa que pasa con las víctimas de abuso sexual”.

 En Chile desde hace varios años todas las encuestas de opinión – alrededor de un 70%-muestran con claridad que la ciudadanía apoya la reforma legal propuesta por el Gobierno. Por otra parte, los movimientos feministas y de mujeres desde hace varias décadas vienen demandando reconocimiento y protección a los derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a decidir.

Es importante recordar que el Tribunal Constitucional tiene una composición binominal que no necesariamente da garantías de la completa consideración de argumentos meramente técnicos, sino también una composición política. Para las organizaciones que estarán presentes en las audiencias públicas, la decisión que se tome en este organismo debe ser la que más se ajuste a la debida interpretación de la Constitución en armonía con los tratados internacionales de los que Chile es parte.