Señor
Rodrigo Valdés Pulido
Ministro de Hacienda
Presente

Estimado Ministro:

Ante la indignación ciudadana por el tratamiento del Servicio de Impuestos Internos frente a los delitos cometidos contra el Fisco en el marco del financiamiento ilegal de la política y ante el hecho público y notorio de la ausencia de instituciones que funcionen para dar garantías democráticas al proceso de sanción a quienes posiblemente capturaron con su financiamiento la actividad política; numerosos ciudadanos hemos solicitado el pronunciamiento de la Contraloría General de la República por el actuar del señor Director del Servicio de Impuestos Internos señor Fernando Barraza. Ante estos requerimientos, el Contralor General de la República se ha pronunciado, al menos en relación a una de las temáticas referidas, a saber, la inoportuna presentación de querellas destinadas procedimentalmente al fracaso por la evidente prescripción de los casos.

A nuestro juicio, lo central de la resolución del 21 de abril radica en el siguiente párrafo escrito por el señor Contralor, que trascribimos textualmente: “cabe puntualizar que pese a tratarse de una atribución discrecional del Director del SII resulta indispensable que las decisiones que adopte en la materia tengan un fundamento racional ya que conforme al principio de juridicidad es importante que estas no obedezcan al mero capricho de la autoridad sino a criterios objetivos que le otorguen legitimidad por lo que lo que resuelva sobre el particular requiere tener un sustento en los antecedentes recabados al efecto”.

No escapará, al señor Ministro, que el Contralor General de la República advierte con severidad que la facultad del Director del Servicio de Impuestos Internos de presentar querellas es una decisión que debe estar exenta de todo capricho, es decir, de cualquier arbitrariedad; recomendación que no hace más que dar cuenta del juicio que él mismo se ha formado respecto al obrar del director de servicio que de usted depende. Esta advertencia da cuenta de la ausencia de explicaciones suficientes, por parte del señor Barraza, y de la carencia de los fundamentos racionales del abandono de la persecución criminal en cada caso. La omisión de dichas explicaciones coloca a su jefe superior, es decir, lo sitúa a usted como Ministro de Hacienda, en la obligación de dar dichas razones al país, sin perjuicio que ante la gravedad y precisión de la opinión que el señor Contralor General de la República ha entregado, el estándar democrático mínimo supone la solicitud de su parte de la renuncia inmediata al Director del Servicio de Impuestos Internos. De lo que se trata es resolver un hecho notorio: que las instituciones del Estado para la persecución de los crímenes está entrabada por la mayor autoridad del Servicio de Impuestos Internos.

Considerando esta resolución, cuyo juicio administrativo es de altísima gravedad pues demuestra la lesión a la institucionalidad y a la fe pública por parte del actuar del Director del Servicio de Impuestos Internos, reiteramos la solicitud a usted para considerar la destitución del señor Fernando Barraza de su cargo como Director del Servicio de Impuestos Internos, posibilitando así no solo el cambio en las decisiones obradas, sino además la restitución de la fe pública mínima para el funcionamiento institucional.

Sin otro particular,

Alberto Mayol Miranda
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