Un marinero entregó información que facilitó el robo de material de guerra en Cochamó. La Corte Suprema mantuvo su condena a 7 años de cárcel.
Corte Suprema / Poder Judicial
Tres civiles llegaron durante la noche a la Capitanía de Puerto de Cochamó, maniataron y golpearon a un marinero para robar material de guerra. Un miembro activo de la Armada había entregado previamente información que facilitó el ataque. La Corte Suprema mantuvo su condena a siete años de presidio como cómplice del delito.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el hecho ocurrió el 16 de febrero de 2023. Según estableció la justicia, los tres sujetos abordaron al Marinero 1° L. Matías Romero Retamal mientras cumplía funciones en la repartición, lo agredieron y sustrajeron diversas especies pertenecientes al recinto antes de escapar.
El condenado, que entonces era marinero en servicio activo de la Armada, no participó directamente en el asalto. Sin embargo, proporcionó previamente a los autores “información relevante” sobre el lugar, las condiciones de acceso y otras circunstancias que facilitaron el robo.
Posteriormente compareció ante la Fiscalía Naval, reconoció su participación y entregó antecedentes que permitieron orientar la investigación y vincular a otros involucrados.
El Juzgado Naval de la Quinta Zona Naval lo condenó el 19 de diciembre de 2024 a siete años de presidio mayor en su grado mínimo, como cómplice del delito consumado de robo con violencia de material de guerra.
La Corte Marcial de la Armada confirmó íntegramente esa decisión el 18 de marzo de 2025.
La defensa acudió entonces a la Corte Suprema, buscando anular el fallo y reducir la pena. Entre sus argumentos pidió reconocer atenuantes relacionadas con la autodenuncia y confesión, además de sus acciones posteriores al delito.
Sin embargo, la Segunda Sala descartó errores legales y sostuvo que para considerar la reparación del daño debía existir “una preocupación efectiva y un sacrificio relevante”, elementos que no fueron establecidos.
Así, la Corte Suprema rechazó el recurso y mantuvo los siete años de cárcel efectiva. La decisión fue adoptada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo y María Soledad Melo, junto a la abogada integrante Pía Tavolari y el auditor general del Ejército Eduardo Rosso.
