Rechazamos enérgicamente la mantención del secreto por 50 años de los archivos Valech, consagrado el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, en una vergonzosa votación en la que abundaron comentarios y opiniones desinformadas e incluso mentirosas. Quienes votaron en contra reinstalan, una vez más, la impunidad y se convierten en cómplices de los victimarios.

La mantención del secreto por 50 años de los antecedentes y testimonios recogidos en la llamada Comisión sobre Prisión Política y Tortura, que lideró el obispo Sergio Valech, es un acto que profundiza la impunidad en los crímenes de la dictadura. No solo seguirá siendo un conjunto de documentos a los cuales no hay acceso público, sino además los tribunales y sus jueces no podrán consultarlos para sus investigaciones judiciales.

El secreto de 50 años no es una “protección a las víctimas”, como falsamente alegan algunos en el Congreso, en el gobierno y sus autores, como el ex presidente Ricardo Lagos. Es en realidad un escudo protector para los torturadores que, en muchos casos, también fueron los autores materiales o cómplices de asesinatos y desapariciones forzadas.  Por cierto, también protege a los altos mandos militares de la dictadura, así como a los civiles que participaron en la represión.

A quienes comparecieron ante la Comisión Valech, jamás les preguntaron si estaban de acuerdo con dejar sus testimonios bajo llave por medio siglo. El secreto fue impuesto después, cuando el Informe Valech estaba listo.

La votación en la Cámara de Diputados consagra la impunidad porque un nuevo proyecto que termine con el secreto de los archivos Valech tendrá que esperar a lo menos un año más para volver a ser puesto en tabla. El proyecto votado el miércoles que no alcanzó los 60 votos para su aprobación, era de origen parlamentario y no tuvo el respaldo del gobierno, a pesar de su compromiso establecido en el programa. Ello además quedó en evidencia con la votación en contra del fin del secreto de toda la derecha en bloque a la que se sumaron al menos seis parlamentarios oficialistas, mientras otros tres se abstuvieron. Quienes con sus votos facilitaron la permanencia del secreto son Juan Luis Castro (PS); Marco Antonio Núñez (PPD); Pepe Auth (Independiente ex PPD); Guillermo Ceroni (PPD); Marcelo Schilling (PS) y Joaquín Tuma (PPD). En tanto, Daniel Farcas (PPD), Ramón Farías (PPD) y Pablo Lorenzini (DC) se abstuvieron.

El gobierno también se hace cómplice de la impunidad al no desarrollar una política activa que permita avanzar en verdad y justicia sobre los crímenes del pasado, ni siquiera para cumplir con lo prometido en su programa, como el fin del secreto por 50 años de los antecedentes y testimonios de ex prisioneros y ex prisioneras de la dictadura, quienes desde siempre han entregado sus declaraciones ante la justicia para conocer la verdad sobre los crímenes de los que fueron testigos.

Invitamos a las organizaciones sociales a luchar también contra la impunidad que sigue presente como tantas otras herencias de la dictadura, que hoy facilita la continuidad de crímenes como la tortura y la desaparición forzada. Los crímenes del pasado y el terrorismo de Estado permitieron la instalación del modelo neoliberal que hoy sufre la población, con sus derechos sociales mercantilizados. Por eso es necesario la movilización contra la impunidad.

Firman la declaración:

Londres 38, espacio de memorias

Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad

Corporación Parque por la Paz-Villa Grimaldi

Corporación Memoria Lonquén

Estadio Nacional Memoria Nacional Exprisioneros Políticos

Corporación 3 y 4 Álamos

Asociación por los Derechos Humanos y la Memoria José Domingo Cañas

Archivos sin Fronteras-Chile

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas

Corporación La Serena 16 de Octubre

Sitio de Memoria ex Clínica Santa Lucía