Con el anuncio de la ministra de Justicia Javiera Blanco, sobre el traslado del ex jefe operativo de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), Álvaro Corbalán desde el penal Punta Peuco a la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago, se comienza a cumplir uno de los más añorados anhelos de quienes exigen justicia para los ex uniformados responsables de crímenes durante la dictadura militar de Pinochet.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en conversación con eldesconcierto.cl opina respecto a la medida que no logra entender "cómo no se materializó antes".

"Nuestra organización nunca estuvo de acuerdo con la construcción del penal Punta Peuco, pero ya han pasado 25 años del inicio de la transición y la verdad es que no hay una respuesta que pueda justificar que aún se mantenga una cárcel especial para violadores de derechos humanos", indicó Pizarro quien cuestionó a la presidenta Bachelet, por no evidenciar su "voluntad política de terminar con este símbolo de impunidad".

"Sebastián Piñera cerró el penal Cordillera cuando él lo decidió, es cierto que no resolvió el tema de fondo pues los mandó a Punta de Peuco, pero evidencia que cuando hay voluntad hace varios años ya podríamos no ver a reos de alta peligrosidad como son estos genocidas, cumpliendo condenas en cárceles especiales que no asegura ni si quiera el cumplimiento de las condenas", agregó.

"Punta Peuco nunca ha dado la garantía de que efectivamente ahí se cumple con toda la normativa de Gendarmería. Hace dos años se vio a Álvaro Corbalán comprando en una verdurería cuando estaba condenado por varios crímenes ya" y hace un tiempo "se le encuentran identificaciones falsas y sin embargo él siguió gozando de todos los beneficios que significa estar en esta cárcel que es un símbolo de la impunidad", puntualizó Lorena Pizarro.

La medida contra Corbalán fue adoptada por Gendarmería tras caer nuevamente en "faltas disciplinarias", luego de que se le incautara por tercera vez un celular con un chip al interior del penal, en el marco de un plan de allanamientos masivos que se realizó en 50 recintos penitenciarios del país.

El pasado 11 de noviembre, por 62 votos a favor, 36 en contra y 3 abstenciones se aprobó el proyecto de resolución que busca cerrar el Penal de Punta Peuco. Una petición que fue impulsada por diputados del Partido Comunista, la Izquierda Ciudadana y el Partido Socialista, y que busca terminar con los beneficios que tienen quienes cumplen penas en ese recinto y a sancionar de forma seria la comisión de delitos en contra de la humanidad.

Aquella instancia contó con un rechazo transversal por parte de los parlamentarios de la UDI y RN, salvó por las abstenciones del UDI Felipe De Mussy (que ya se había abstenido en una votación similar en julio del año pasado) y los RN Diego Paulsen y Paulina Núñez. Por otro lado, Evópoli y Amplitud votaron a favor de cerrar el Penal.

En agosto Carmen Gloria Quintana conversó con eldesconcierto.cl y dijo que la Presidenta Bachelet le había dicho que en septiembre cerraría Punta Peuco. "Espero que los compromisos que ella hace sean efectivos y que realmente la Cámara de Diputados y Senadores estén a la altura de las demandas en las que los pone la historia, porque en estos momentos históricos realmente estamos viendo quiénes están por los Derechos Humanos y comprenden su esencia y valor y quiénes no", dijo en esa ocasión.

Esta es la lista de votos que subió la diputada Karol Cariola a su twitter:

Hemos presentado proyecto de resolución para #cerrarpuntapeuco, les comparto votación para que se hagan su opinión pic.twitter.com/zBz6fty8U7

— Karol Cariola Oliva (@Karolcariola) noviembre 11, 2015