Durante esta jornada, el ministro en visita Mario Carroza decidió procesar a seis militares en retiro por el delito de homicidio calificado, y a uno en calidad de cómplice, por su responsabilidad en el brutal ataque perpetrado contra Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana en julio de 1986. Ambos fueron quemados vivos por una patrulla militar en la Población Nogales de Estación Central mientras participaban de una protesta contra la dictadura de Pinochet.

Fueron días de intensos interrogatorios y careos previos a la resolución, trámites que se realizaron luego de que el ex conscripto Fernando Guzmán decidiera romper el pacto de silencio y contar la verdad sobre lo ocurrido esa madrugada. Los nuevos antecedentes entregados permitieron la reapertura del caso que se mantuvo cubierto por un manto de mentiras durante 29 años.

Carroza ordenó la detención de Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Sergio Hernández, Julio Castañer, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo. 

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"Se ha resuelto el procesamiento de las personas que se encontraban detenidas, particularmente seis de ellos como autores y uno como cómplice. Los seis autores serían los oficiales y los suboficiales que comandaban las patrullas, y un conductor del camión, el señor Hernández, que hoy en día llegó a declarar desde Valdivia, estaría en calidad de cómplice", explicó Carroza, según consignó Cooperativa.

[caption id="attachment_49651" align="alignleft" width="239"] Rodrigo tenía 19 años cuando fue asesinado por los militares. Era fotógrafo.[/caption]

 

Para la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) el nuevo curso que ha tomado la causa es un "gran avance para las familias y víctimas del terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar".

MENTIRAS E IMPUNIDAD

El relato de Fernando Guzmán no sólo permitió dar con el paradero de los involucrados en el asesinato de Rodrigo Rojas, sino también confirmar la existencia de pactos de impunidad que hasta hoy se mantienen en las filas de Ejército de Chile. Desde la primera versión entregada públicamente por Pinochet, hasta las declaraciones falsas de los primeros interrogados en este caso, fueron desmentidas tajantemente por la nueva versión que maneja el ministerio público.

"Esto es una demostración de lo que nosotros planteamos: el ejército tiene la información, tiene pactos de silencio", declara Alicia Lira, presidenta de la AFEP.

"Lamentablemente esto no viene del alto mando ni la oficialidad que cometió varios crímenes. Son siempre de los conscriptos, que en su remordimiento y en la conciencia de seguir viviendo, deciden entregar la información", sostiene.

Resulta indignante para la AFEP que los oficiales que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura resultaran premiados en sus carreras a lo largo de los años. El mejor ejemplo de ello es Julio Castañer, sindicado como el autor material del brutal ataque.

Castañer, años después del acto brutal que cometió sin remordimiento, siguió ligado al Ejército como Comandante del Regimiento Dragones de Punta Arenas, se desempeñó como Comandante del Comando Conjunto Austral y hasta hizo clases en la Universidad de Magallanes.

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"A los oficiales que tuvieron participación activa en estos crímenes, se les premió. Hay que ver que Castañer fue premiado, hasta la fecha activo. Eso habla de la impunidad existente y también de este pacto siniestro que tienen y que pasa por sobre las familias, las víctimas y la sociedad", agrega.

RECONCILIACIÓN SIN JUSTICIA

La AFEP sostiene que es urgente que el gobierno exija al Ejército la entrega de toda la información que permita esclarecer las responsabilidades en todos los crímenes cometidos entre 1973 y 1990. "Una Presidenta que le asesinaron a su padre debiera tener la moral para hacer ese llamado", declaran.

[caption id="attachment_49652" align="alignright" width="270"] Julio Castañer, sindicado como el auto material del crimen.[/caption]

 

Los sucesivos gobiernos desde el 90 en adelante no han tenido voluntad para cerrar este capítulo con la verdad de los hechos, con penas para los responsables.

"Hay que recordar que el gobierno de Patricio Aylwin tranzó con Pinochet, realmente nos negó el derecho a la justicia. Los gobiernos de la Concertación siempre apostaron a la reconciliación por sobre investigar, por sobre la justicia. No pensando en los familiares, sino en el poder que se ha movido", explica Lira.

Les duele el trato especial a los victimarios: cárceles especiales, detención sin esposas, beneficios carcelarios. Una ofensa, aseguran, para todas las familias chilenas.

"ENTREGUEN LA VERDAD"

Hoy más de mil causas de derechos humanos violados en dictadura permanecen abiertas. La declaración de un ex conscripto permitió el avance de una de ellas. Alicia Lira se siente esperanzada con este hecho, y espera que acciones como esta se sigan replicando en el futuro.

"Aquí hubo un avance emocionante. Nosotros hoy día estuvimos con él. Vimos a un conscripto destrozado, pero con responsabilidad. Vemos al señor Castañer de comandante, haciendo clases, y este señor, mal vestido, se ve que superó el miedo, pero tiene otro por la venganza que puede venir", asegura.

“El Ejército de Chile ha sido cobarde al proteger estos crímenes, que hay que recordar, fueron cometidos por la oficialidad, no por los conscriptos. Hacemos un llamado a los conscriptos que liberen a las personas del dolor que sienten y entreguen la verdad que tienen, porque poseen mucha información. Lo vimos con el señor Guzmán que ya no soportó más vivir con ese cargo de conciencia y que ha dado un gran paso, y dejado en evidencia la falta de voluntad del gobierno, el pacto de silencio y la cobardía del Ejército de Chile", sentenció.

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