No se puede prometer más control del crimen organizado y más prevención mientras se reducen recursos en las instituciones llamadas a sostener esa tarea.
San Miguel no necesita más frases para la prensa: necesita resultados. En las últimas semanas, la comuna se ha envuelto asociada a delitos violentos: secuestros, turbazos y homicidios. En un caso que se hizo muy conocido recientemente, la noche del 21 de mayo, en calle Gaspar Banda, un “turbazo” terminó con una persona fallecida y vecinos armados repeliendo el ataque.
Ese episodio no puede leerse como una anécdota policial: es la señal más peligrosa de una crisis, porque cuando el Estado no llega a tiempo se instala la idea de que cada familia debe defenderse sola. Y esa idea es bastante peligrosa, ya que desarma aún más la cohesión social y amplifica la violencia en nuestra sociedad.
El municipio ha difundido cifras para mostrar avances: en enero de 2026 informó una baja de 22,3% en los Delitos de Mayor Connotación Social respecto de enero de 2025, equivalente a 108 casos menos según datos STOP de Carabineros. Pero una cifra mensual favorable no basta para hablar de control territorial si los vecinos siguen enfrentando robos violentos, homicidios y temor cotidiano.
A nivel municipal, la alcaldesa Carol Bown ha reforzado el discurso de “seguridad sin excusas”. La municipalidad informó la incorporación de 13 vehículos, una flota total de 30 autos, camionetas y motos, además de 60 inspectores en distintos turnos para asistencia 24/7. La contradicción es evidente: más recursos no necesariamente aseguran una mejor estrategia ni mayor tranquilidad vecinal.
Una prevención comunal seria no puede reducirse a camionetas, cámaras y rondas. También requiere iluminación, recuperación de espacios públicos, coordinación barrial, deporte, cultura, más acceso a salud mental, apoyo social y presencia institucional. Cuando se debilitan programas comunitarios, que contaban con participación vecinal y la Dirección de Seguridad acumula cambios o renuncias, se resiente la continuidad técnica.
Pero sería injusto cargar toda la responsabilidad solo a la gestión del municipio de San Miguel. La seguridad pública depende principalmente del gobierno central, de Carabineros, la PDI, Fiscalía, inteligencia criminal, control de armas, persecución penal y presencia policial suficiente. En ese plano, el Gobierno actual también muestra señales preocupantes.
A solo 69 días de asumir, removió a su ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en medio de críticas por falta de conducción. Cambiar a la autoridad sectorial antes de los 70 días revela improvisación, no liderazgo. Sumado a ello, se dió cuenta de que no contaban con ningún plan que innovase en seguridad, como tanto prometieron en campaña y con lo cual atacaron políticamente por años al gobierno anterior.
A ello se suma una señal presupuestaria difícil de explicar. Según el Oficio enviado por el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Seguridad, con fecha del 21 de abril de 2026, a planes de la Subsecretaría de Prevención del Delito como el “Denuncia Seguro”, el Programa de Apoyo a Víctimas, el Sistema Nacional de Seguridad Municipal y “Innovación y transferencia técnica territorial” se proponen realizar ajustes presupuestarios y al último, descontinuar.
Por otro lado, en el caso de la Subsecretaria de Seguridad Pública, se propone según el documento, descontinuar los programas Calles sin violencia y Programa contra el Crimen Organizado. En ese sentido, el proyecto presupuestario 2026 ya mostraba una disminución de 6,2% para la Subsecretaría de Prevención del Delito. No se puede prometer más control del crimen organizado y más prevención mientras se reducen recursos en las instituciones llamadas a sostener esa tarea.
San Miguel necesita más dotación efectiva de Carabineros, patrullajes inteligentes según puntos críticos, investigación coordinada con Fiscalía, recuperación de barrios, prevención social y una rendición pública mensual de resultados: delitos, tiempos de respuesta, zonas críticas, fiscalizaciones y derivaciones sociales. Las y los vecinos no necesitamos propaganda ni excusas cruzadas entre municipio y gobierno. Necesitamos caminar tranquilos, volver a casa sin miedo y saber que la autoridad está antes, durante y después del delito. La seguridad no puede seguir siendo un eslogan: debe ser una política pública integral, transparente y con responsables que rindan cuentas.
Esta columna también fue escrita por Javier Duharte.
