La falta de planificación territorial en Chile ha llegado a un límite insostenible. En los años recientes, la ausencia de un aparato planificador poderoso e integral entre agentes públicos y privados ha cobrado la vida de muchas personas y urge una transformación institucional. La lógica del libre mercado como principal planificador indefectiblemente nos tendrá persiguiendo los desastres en vez de anticiparlos de manera efectiva. Además de las muy lamentables muertes, la anulación de la planificación urbana desencadenó fenómenos como la segregación residencial y de uso del espacio; la descriteriada instalación de actividades productivas en áreas pobladas como bosques o mataderos; la desenfrenada explotación del suelo para la obtención de materias primas a costa de la destrucción del medio ambiente y el enriquecimiento acelerado en base a la especulación de suelo sin captura de plusvalías para el fisco. Ni hablar de los sistemas de transporte público que si en Santiago funcionan bajo contratos abusivos, en regiones la calidad del servicio con suerte alcanza para lograr un estándar mínimo de satisfacción. En esta línea se inscriben la falta de áreas verdes, de espacios ocio y recreación, la mala distribución de consultorios y la pésima conectividad nacional. Si usted no lo sabía, todos estos problemas en otros países se resuelven con poderosas instituciones de planificación urbana que en Chile no tenemos. Lo único que tenemos es un grupo de instituciones descoordinadas que inciden sobre la gestión el territorio, que no dialogan entre sí y que solo reaccionan a los estímulos del mercado sobre lo urbano.

Un Estado subsidiario asume un rol urbano más de financista que de una institución pública de ordenamiento territorial. Hoy el Estado es más bien un facilitador de iniciativas privadas emprendidas por ciertos agentes privados. No se engañe, no es tan fácil como armar una oficina de arquitectura y ponerse a trabajar para desarrollar proyectos públicos, se necesita una espalda económica inicial para que el Estado le permita concursar en proyectos de interés público. Lo mismo si quiere poner una constructora, una empresa de vialidad, una consultora urbana, etc. Al final, el Estado lo único que vigila es que usted tenga la plata necesaria para cubrir alguna chambonada que se pueda mandar, porque claramente el Estado no pone las manos al fuego por usted tampoco. Muy bancario todo el criterio utilizado, y así es como los resultados urbanos distan mucho de ser de gran calidad, mas bien solo cumplen con los mínimos estándares de una ya muy permisiva regulación, aunque muy entrampada también.

Lo concreto es que aprovechando los tiempos de refundación institucionales en Chile, la planificación urbana debe ser una prioridad. Para pasar a medidas específicas, quisiera compartir algunas ideas pertinentes para ver iniciar una discusión pública. Partimos modestamente, con tres ámbitos iniciales:

INSTITUCIONAL: (Re) Crear una institucionalidad de planificación territorial nacional. Esta debe estar consagrada en la nueva constitución o bien, en caso que esto nunca ocurra, se debe desarrollar a través de una ley orgánica constitucional de forma de complementar las actuales falencias que presenta la constitución en materias urbanas. Dicha institucionalidad deberá estar por sobre los poderes ministeriales. Simbólicamente será una mesa de negociación en la que se sienten organizaciones públicas, civiles y empresariales, cuya coordinación estará a cargo de un equipo técnico altamente calificado en materias urbanas. En este sentido, la presencia de autoridades publicas y privadas será participativa y vinculante. Dicha institucionalidad tendrá la capacidad de desarrollar propuestas multi-escalarmente, contará con sendos equipos profesionales multidisciplinarios y tendrá participación permanente en comisiones del senado y la cámara de diputados, así como línea directa con presidencia, constituyéndose automáticamente en asesores presidenciales. Además de la proyección de crecimiento urbano y desarrollo de regulaciones especificas, esta institucionalidad deberá comenzar a pensar un plan nacional de transporte publico integral; redefinir los mecanismos de asignación de recursos públicos para proyectos urbanos de interés publico; y coordinar el reemplazo de los planes reguladores comunales por planes de desarrollo urbano comunal, los cuales deberán ser capaces de prospectar ideas de ciudad, mas que restringirse a regular lo que el mercado ejecuta.

REGIONAL: Descentralización mediante regionalización.  Urge una redefinición de la centralidad decisional. La constante dependencia de Santiago ensombrece todo tipo de iniciativa de planificación territorial nacional, mermando sus posibilidades de éxito al corto, mediano y largo plazo. Es fundamental asumir la complejidad y diversidad territorial chilena. Discutir seriamente y con plazos para la toma de decisiones en relación a la federalización del territorio en busca de mejorar las medidas que se toman para mejorar la calidad de vida de las personas, a la vez de otorgar autonomía a las regiones en la gestión de sus recursos y sus medidas de ordenamiento territorial. En esto, será necesario tomar medidas en la creación de una agencia regional de desastres, con autonomía presupuestaria y con alta especialización en las principales emergencias regionales, actuando de manera preventiva.

LEGAL: Implementar el Derecho a la Ciudad. Tal y como lo han llevado a cabo en países vecinos, es fundamental que el derecho a la ciudad sea considerado un derecho humano y por lo mismo, es deber del Estado velar por su cumplimiento y de todos los ciudadanos exigirlo. El derecho a la ciudad deberá ser generalmente entendido como una distribución equitativa de los beneficios que produce la sociedad. Dicha distribución no puede quedar en manos del mercado, dado que su comportamiento distributivo es errático. En esto, la consagración de un derecho a la ciudad desde lo legal le entregará a la nueva institucionalidad de planificación urbana un instrumento de discernimiento ante eventuales disputas, si una iniciativa territorial en particular se encuentra impugnada por agentes públicos o privados, su resolución judicial deberá considerar el derecho a la ciudad. Es de esperar, que el derecho a la ciudad, paulatinamente avance hacia un derecho al territorio. Una medida urgente que decanta del derecho a la ciudad es una nueva política de suelos, capaz de captar plusvalías resultantes de la especulación o bien de la inversión en infraestructuras publicas por parte del fisco.

Esto sólo para comenzar. La discusión entre especialistas agotó su capacidad de influir en las decisiones país y gente ha muerto por esta carencia. Urge sacar la discusión de lo urbano de la esfera mono-disciplinar, comenzar a hablar en lenguaje simple y accesible para finalmente lograr que la ciudadanía comprenda que esto es prioritario.

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