Luego de semanas de polémica, el gobierno decidió suspender la modificación a la Ley de Caza que permitía la captura y matanza de perros salvajes en zonas rurales. La iniciativa provocó el rechazo de diversas organizaciones animalistas, que incluso se movilizaron para frenar el cambio a la ley.
"El Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ha tomado la decisión de suspender la aplicación de la medida contenida en el Reglamento de Caza, en su artículo 6, que permite la caza de 'perros salvajes o bravíos que se encuentren en jaurías, fuera de las zonas o áreas urbanas y de extensión urbana, a una distancia superior a los 400 metros de cualquier poblado o vivienda rural aislada'", señaló un comunicado del ministerio.
Además, la información anunció que se constituirá una mesa de trabajo público-privada que comenzará a trabajar en el tema durante la primera quincena de marzo. En palabras de las autoridades, ésta pretende "escuchar las posturas de todos los actores sociales, con el fin de sostener un diálogo constructivo que permita avanzar en la problemática que constituyen las jaurías de perros bravíos en zonas rurales".
