Transcurridas ya dos semanas del envío de proyecto de ley a la Cámara de Diputados, la reforma laboral mantiene agitadas las aguas al interior de la Nueva Mayoría y especialmente en el mundo sindical.

El viernes pasado, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa (PC) había salido a cuestionar aspectos contemplados en el proyecto enviado por el Ejecutivo, y que según declaró, no habían sido consensuados con la multisindical.

Los puntos controversiales se refieren el aumento en las razones por las cuales los dirigentes sindicales podrían perder el fuero, y que el mismo texto del proyecto justifica desde “la necesidad de acotar la proliferación de malas prácticas que, finalmente, sólo contribuyen a la debilitación de los sindicatos”, indica el proyecto de ley en la página 23.

Entre otros aspectos, el documento detalla modificaciones a parte del articulado del Código del Trabajo. Uno de ellos, el 229, especifica que para los trabajadores afiliados a un sindicato interempresas “si fueren más de veinticinco trabajadores, elegirán un delegado sindical por cada veinticinco trabajadores afiliados, con un máximo de tres delegados”. Con ello, un sindicato de 30 personas que en la actualidad cuenta con 3 delegados, pasaría a tener sólo uno.

También se suma la delimitación a 3 semanas de horas de trabajo al año destinadas para la capacitación sindical, y una modificación al artículo 292 que establece multas a las “prácticas desleales o antisindicales”, y que en su inciso tercero determina que “sin  perjuicio de las multas establecidas en el inciso primero, el dirigente sindical que incurriere en ella podrá, atendida la gravedad de la infracción, ser sancionado con la pérdida del fuero sindical”, señala el proyecto en su página 29.

Y aunque la ministra de Trabajo, Javiera Blanco, defendió la incorporación de dichas modificaciones en el proyecto afirmando que se buscan evitar “hechos de violencia graves”, para los investigadores del mundo sindical, éstas no resultan coherentes con las intenciones inicialmente declaras, que apuntaban al fortalecimiento de los sindicatos.

Así lo aseguró el economista e investigador de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, que afirmó: “Es muy lamentable que se plantee que la huelga debe ser un procedimiento pacífico. Eso viene de la mano con el que si los dirigentes sindicales o los trabajadores, en medio de un proceso de huelga obstruyen el ingreso a sus empresas, eso puede significar el desafuero sindical”.

Durán consideró que la posibilidad de desafuero por “prácticas desleales” -como lo establece el proyecto- le otorga continuidad al actual Código Laboral.  “Esas disposiciones son tan ambiguas que en el fondo, lo más probable, es que todos esos temas se van a judicializar, y ya sabemos que cuando se toma ese camino, generalmente se tiende a favorecer a las empresas”, indicó.

“Se observa que el proyecto ingresado al parlamento mantiene mucho las mezquindades que tenía el Plan Laboral de José Piñera del año 79, un código que es ultra-reglamentarista y que a nivel comparado de legislaciones donde los sindicatos son fuertes y autónomos, eso no existe”, aseguró Durán.

El economista ejemplifica con un dato duro muy decidir. Uruguay tiene una negociación colectiva del 90%, mientras que Chile sólo alcanza un 8%.

Además, Durán asegura que la criminalización de la actividad sindical alcanza niveles de ambigüedad considerables al momento de castigar el uso de la fuerza. “Se habla de que las personas que ejerzan una fuerza física o moral serán castigadas, ¿qué se entiende por fuerza moral? Eso queda en un terreno tremendamente ambiguo, y la lectura que se hace de esto es dejar a la huelga dentro los parámetros más inofensivos que sean posibles, o como se dice en el mundo sindical, una huelga de challas y plumeros”, criticó el investigador.

“Un acto huelguístico, por definición, es uno donde se paraliza la producción. Y esa es la presión para que la negociación pueda avanzar, porque muchas veces los empleadores, como sucede en Chile, no están dispuestos a conversar con los trabajadores organizados. Por lo tanto, que se planteen estos dispositivos para tener una huelga de challas y plumeros, nos perece lamentable”, argumentó Durán.

 

La desagradable sorpresa para el mundo sindical

Juan Vergara, asesor y miembro del sitio sindical.cl, confirmó que las modificaciones al fuero sindical “no estaban incluidas en la agenda de nueve puntos que el Gobierno puso a dialogar tanto con la CUT como la CPC”, y afirmó que los cambios a última hora “son un guiño al empresariado, y derechamente compensaciones que se les entregaron con tal de obtener su apoyo para la reforma”, indicó.

Para el asesor sindical, uno de los aspectos medulares que más molestan al empresariado con la reforma se refiere a la extensión de beneficios. “Eso les duele absolutamente porque significa que pierden el control que pueden ejercer hasta el día de hoy con la extensión de beneficios ganados por el sindicato, el que ahora comparten con ellos. Y el temor es que esto conduzca a que las personas se sindicalicen, ya que los sindicatos podrían no dar su consentimiento para la extensión de los beneficios, y eso es lo que no quieren los empresarios”, indicó Vergara.

El asesor valoró la reacción que tuvo la CUT al darse cuenta de los polémicos puntos de la reforma, y aseguró que “ya hay algunos parlamentarios que se están abriendo a la posibilidad de escuchar sus planteamientos para realizar las  modificaciones necesarias”, indicó.