El Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la vida, compuesto por más de 80 territorios y organizaciones impactadas por proyectos extractivos y por el acaparamiento, contaminación y robo de las aguas, hace dos años viene desarrollando las marchas nacionales por la defensa y recuperación del agua, ayudando a que este tema se inserte en la agenda pública y se discuta la aberración de que las aguas de nuestro país se mantengan -desde la dictadura- separadas de la tierra y entregadas al arbitrio del mercado.

Pese a haber manifestado a la Comisión la necesidad de llevar la voz territorial a la discusión que en ella se estaba dando, la solicitud no fue acogida, y se pretendía cerrar el proceso de recolección de antecedentes del poder legislativo, desconociendo los aportes y las reflexiones de quienes padecen directamente las consecuencias del acaparamiento, contaminación y agotamiento de las aguas por la aberrante política extractivista aplicada en los últimos 35 años.

Sin embargo, por problemas de último minuto no pudo asistir una organización de Atacama, circunstancia que fue aprovechada por los representantes del Movimiento Felipe Grez y Rodrigo Mundaca, quienes enfatizaron en que una reforma de las aguas que no derogue los instrumentos privatizadores, será una reforma cosmética y criminal, porque la situación actual es dramática y requiere soluciones de fondo. Entregaron una carpeta con diversos documentos -que se adjuntan a esta nota-, en donde incluyeron una crítica a la Indicación Sustitutiva presentada por el gobierno, un listado de los diversos tratados internacionales suscritos por Chile que contravienen la reforma en discusión, y el texto que leyeron a la Comisión, el que entre otras cosas expresaba:

“Ustedes como legisladores y legisladoras, fiscalizadores y fiscalizadores del buen funcionamiento del Estado, tienen una posibilidad privilegiada de frenar el suicidio colectivo que la cultura extractivista promueve; que el interés general de la nación deje de ser sinónimo del interés particular de quienes nos gobiernan, es un desafío ineludible que ustedes deben acometer, más aún viendo el nulo compromiso del poder ejecutivo con el trabajo de esta Comisión, que presentó vía indicación sustitutiva la voluntad política de los grupos económicos, para superponerla a la voluntad política de los vastos sectores sociales que ustedes han estado dispuestos a escuchar, en virtud de los deberes y las responsabilidad democrática que poseen".

La diputada Cristina Girardi manifestó, en acuerdo con lo expuesto, que era imprescindible modificar la Constitución en los artículos que entregan el agua en propiedad, y que no tenía sentido un proyecto que tratara solo sobre los derechos no otorgados, cuestión ratificada también por la diputada Andrea Molina.

Lee la declaración pública del movimiento frente a la Indicación Sustitutiva del gobierno que reforma el código de Aguas.