En días pasados el Gobierno anunció que el 29 de diciembre enviará al Congreso el proyecto de reforma al Código del Trabajo.  Por todos es conocido que este Código se basa en el Plan Laboral impuesto ilegítimamente durante la dictadura, y cuya finalidad fue atomizar el poder de los sindicatos, por cuanto dicha forma de organización representaba una amenaza al modelo neoliberal.

A raíz de lo anterior, se produjo un cambio radical en la forma de organización de los trabajadores y los medios utilizados por aquéllos en la reivindicación de sus derechos y en  su forma de organización, adoptándose una serie de medidas tendientes a restringir el ejercicio de derechos colectivos.

No hay que olvidar que los sindicatos fuertes y la negociación colectiva por parte de aquéllos (con derecho a huelga efectiva), constituyen el único medio capaz de equilibrar la gran asimetría de poder existente entre trabajador versus empleador, y que supone la relación individual de trabajo fundada en el vínculo de subordinación y dependencia. Además es un instrumento eficaz para disminuir las brechas de desigualdad en la distribución de la riqueza, en la medida que se permita la negociación colectiva por rama de actividad económica.

Ahora bien, el que aún hoy esté vigente el Código del Trabajo de la Dictadura, refleja de la mejor manera la actitud acomodaticia que ha tenido la Concertación con la institucionalidad heredada de Pinochet. En efecto,  para la  Reforma del código del trabajo, a diferencia de la reforma del binominal, educacional o constitucional, no se requieren de quórum especiales pues basta la mayoría simple del parlamento y la cámara alta para aprobarla. Tal mayoría simple ya la ha tenido la Concertación en el pasado y en la actualidad también la posee la Nueva Mayoría, sin embargo y considerando los precedentes de las últimas reformas, cuesta visualizar que este espíritu aparentemente reformista se vea cristalizado en verdaderos cambios.

De hecho, en lo que parece una tragicómica situación, hace sólo un par de meses atrás, se modificó el Código del Trabajo otorgando permiso a los trabajadores para que puedan realizarse exámenes de próstata y prohibiendo la exigencia de uniformes en lugares públicos a las trabajadoras de casa particular. Es decir, la Nueva Mayoría no tiene problemas para modificar el Código del Trabajo en cuestiones puntuales que no atacan al Modelo, pero durante más de 20 años se ha complicado  en lo más importante y sustancial: la derogación de la institucionalidad heredada de Pinochet.

Entre las promesas de campaña, y en el discurso del 21 de mayo de 2014, la Presidenta de la República, planteo que  la reforma laboral apuntaría a fortalecer los 3 pilares de la Libertad Sindical: Huelga, sindicalización y negociación colectiva.

Con respecto de la huelga, se anunció el fin del reemplazo de los trabajadores, pero sin precisar aspectos esenciales sobre esta materia, largamente debatidos, como qué debemos entender por  trabajadores “reemplazantes”, cuestión que pareció zanjar un reciente fallo de la Corte Suprema, acorde a la doctrina de la Dirección del Trabajo sobre esta materia.

El Ejecutivo en un comienzo señaló que el fin de reemplazo sería “sin letra chica” pero con el tiempo fue matizando su discurso, al establecer  que podrían establecerse excepciones.

Ahora bien, el prohibir cualquier modalidad de reemplazo de trabajadores en huelga, sin excepciones, no producirá efecto alguno, sino se establecen mecanismos eficaces para que las Inspecciones del Trabajo, apliquen el máximo de las multas contempladas, y se refuercen el monto de las mismas, sin perjuicio de las denuncias que correspondan ante los Tribunales.. La señal del Gobierno de Bachelet debe ser clara en ese sentido, si esto no se produce, el fin del  reemplazo de trabajadores en Huelga será solo una declaración de principios.

Por otro lado, si lo que se quiere fortalecer es la titularidad sindical, la negociación colectiva, y la huelga, la reforma laboral debiese apuntar sin letra chica , ni excepciones, a que los sindicatos en sus diversas manifestaciones, y mediante sus organizaciones de grado superior, puedan negociar colectivamente por rama de actividad económica; se simplifique el engorroso procedimiento para hacer efectiva la huelga; se impida  la posibilidad de que el empleador pueda extender los beneficios obtenidos por un sindicato a trabajadores no sindicalizados, se amplíen las materias susceptibles de ser negociadas colectivamente y se elimine la posibilidad de negociar a través de grupos negociadores al margen de los sindicatos. Todas estas medidas apuntan a mejorar el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores y sin dudas traerán como consecuencia  que la negoción colectiva se transforme en un medio efectivo de combate de la desigualdad existente en nuestro país.

Para todo lo anterior será requisito indispensable que también se avance en impulsar un cambio constitucional, a través de una Asamblea Constituyente, para que la Constitución Política impuesta también de manera ilegitima, no se transforme en la piedra de tope y en la excusa para no avanzar en algunos de los cambios que contempla la reforma. Se requiere que nuestra Constitución cristalice estas reformas, a través -por ejemplo- del  reconocimiento expreso del derecho a huelga como un derecho fundamental, se modifique el artículo 19 N° 16 de la Constitución, con el fin de ampliar la negoción colectiva como un derecho más allá del ámbito de la empresa, se incorpore la titularidad sindical en materia de negociación colectiva, se reconozca la posibilidad de recurrir vía de protección a fin de resguardar el ejercicio legítimo del derecho a huelga, entre otras materias que inciden en el Plano laboral.

Tanto la CUT como los grandes empresarios saben muy bien lo que está  en juego con la Reforma Laboral. Los dirigentes de la  CUT, con Bárbara Figueroa a la cabeza, saben que  su impúdico apoyo a Bachelet  durante la campaña y los primeros meses de gobierno le podrían pasar la cuenta en el caso que la reforma que se presente sea tímida y “aguachenta”, la imagen de un desgastado Jaime Gajardo, sobrepasado por sus bases,  les pesa mucho sobre sus cabezas

Por la vereda opuesta, la profunda crisis de los partidos de la derecha tradicional ha obligado a los grandes empresarios a abandonar su  cómodo y tradicional anonimato debiendo asumir públicamente y con gran fanfarria su oposición a la reforma de Bachelet. Una reforma profunda los mostraría con una pérdida de poder demasiado grande como para que sus asociados se vayan tranquilamente de vacaciones al Caribe.

Es decir, en los próximos días  Bachelet deberá optar entre la coherencia de sus promesas y expectativas generadas en la campaña  o asumir el derrotero por el que tradicionalmente la Concertación ha circulado durante toda la transición, es decir, avanzar en la medida de lo posible, lo que en definitiva significa avanzar protegiendo los intereses de los grandes empresarios pero con gran perjuicio de las demandas históricas  de los trabajadores.

En definitiva, si el 29 de Diciembre el proyecto de reforma laboral que presente el gobierno incluye la negociación colectiva por rama de actividad económica, el fin del reemplazo de los trabajadores en huelga sin excepción, el término de los grupos negociadores, se refuerzan las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo  y se aumentan las sanciones a los empleadores que burlen la ley, entonces estaremos en presencia de un verdadero y gran regalo de navidad para los trabajadores. En caso contrario,  el tan cacareado proyecto no dejará de ser una mala  y vergonzante broma del día de los inocentes que dejará a la CUT en una situación demasiado insostenible.

Fundación Moebius, [email protected] y @MoebiusFunda