Intag es un área montañosa de Cotacachi, en Ecuador, donde viven unos 13.000 habitantes. Con una extensión de 1.200 kilómetros cuadrados, el área es parte de dos de los “hotspots” a nivel planetario, el Tumbes-Chocó-Magdalena y los Andes Tropicales. Es allí donde Codelco, en alianza con la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami), pretenden desarrollar un proyecto minero que ha movilizado a 220 efectivos policiales y a toda una comunidad en contra de la destrucción de su tierra.

Es por esto, que el pasado lunes 3 de octubre arribó al país una delegación de las comunidades afectadas por el proyecto minero. Encabezados por Jomar Cevallos, alcalde de Cotacachi, hoy martes se reunieron con la directora de Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a quien le manifestaron sus reparos por la situación en Intag.

“Nos llama mucho la atención por qué Codelco está apoyando o es quien dirige la estrategia para violar los derechos humanos en otro país. Porque acá creo que eso no lo hacen”, sostuvo en conversación con El Desconcierto Jomar Cevallos.

Un proyecto marcado por las violaciones a los derechos humanos

Efectivamente, uno de los puntos críticos que han caracterizado la agenda minera en la zona han sido, a juicio de las comunidades, las violaciones de derechos humanos, siendo el caso más emblemático el de Javier Ramirez.

“Le detuvieron el 10 de abril. Le están acusando por rebelión, por daños a bienes del estado”, asegura su prima, Marcia Ramirez, a El Desconcierto.

Sin embargo, a juicio de la familia el presidente de la comunidad de Junin fue detenido de manera injusta y usando una orden de detención errónea. Testigos aseguran que los cargos que se le imputan son falsos.

 “Detuvieron a Javier con una orden de captura del hermano. Pero la policía insistió en llevarlo a Quito para verificar las huellas dactilares, y durante el viaje emitieron una orden de captura en su contra, apresándolo a su llegada. Era una detención preventiva, mientras se realizaran las investigaciones, y debía ser sólo de 90 días, pero ya van casi siete meses”, sostiene Marcia Ramirez.

“Hemos agotado todos los recursos legales y todos los han rechazo. Incluso presentamos varios testigos, pero nada es válido para el fiscal de Cotacachi, sólo la palabra de lo que argumentan las empresas”, finaliza la prima del detenido.

Según el relato de los propios sus propios habitantes, la zona ha sido cercada por policías, haciendo difícil la convivencia y la libre circulación.

“Organizamos una caravana pacífica, que la policía conocía, pero no nos dejaron llegar a la zona en conflicto. Y eso es violar la constitución de moverme en mi propio territorio”, afirma el alcalde de Cotacachi, y añade,  “yo asumí el cargo el 6 de mayo, y sólo pude ingresar luego de pasar por seis controles policiales a Junin, que es mi territorio, es mi cantón (región) y es parte del Ecuador”.

Tercera vez

La historia de la minería en el sector es larga y comenzó en 1997. En ese momento, producto de un convenio bilateral con Japón, se realizaron las primeras prospecciones mineras en la zona que dieron cuenta de un depósito cuprífero en las montañas boscosas de la comunidad de Junin. Pero, debido a los grandes impactos que se pronosticaban por su explotación, el proyecto encontró una férrea oposición de las comunidades locales, lo que causó que la empresa japonesa Bishimetals -subsidiaria de Mitsubishi- abandonara definitivamente el área y pusiera término al convenio bilateral.

Seis años más tarde, fue una minera canadiense la que arremetió nuevamente por el cobre del valle de Intag. Esta vez, la empresa “Ascendant Copper” obtuvo una concesión de explotación para el proyecto minero, pero luego de tres años de conflictos y agresiones por parte de la transnacional finalmente el resultado fue el mismo, y la minera debió retirarse del país.

Hoy en día, 17 años después de que se descubriera el yacimiento, es Codelco quien pretende explotar el cobre de la zona, lo que nuevamente ha causado movilizaciones entre las comunidades locales y ha ocasionado la llegada policías al sector para proteger los intereses de las empresas mineras. Y esto, a juicio del economista ecológico Joan Martinez Alier, se puede convertir en un caso emblemático de resistencia local.

“Cómo Codelco se atreve a ir a un país extranjero del cuál no sabe nada o sabe poco, a molestar a la gente local. Se puede convertir en un caso emblemático porque ya hay dos o tres personas en la cárcel por las manifestaciones”, asegura el autor del “Ecologismo de los Pobres”.

[caption id="attachment_28637" align="alignright" width="300"] Zona del proyecto minero[/caption]

Paraíso natural amenazado

La región donde se emplazaría el proyecto minero alberga algunos de los últimos remanentes de bosques nublados occidentales del Ecuador, y una gran cantidad de especies de flora y fauna en peligro de extinción.

“El cantón de Cotacachi es una zona potencialmente muy rica en agua, en agricultura, ganadería y turismo comunitario. Pero si comenzara la explotación minera todo esto desaparecería. Porque hacer minería a cielo abierto es abrir cráteres, es utilizar mucha cantidad de agua, y en Chile saben esto. El tema turístico va a desaparecer, porque no creo que un turista quiera ver cráteres en vez de ríos, plantas o artesanías”, asegura el alcalde de Cotacachi.

Movimiento opositor informado 

Según Jomar Cevallos, a pesar de que existe división entre los habitantes de la zona, la mayoría de las comunidades no desea la explotación minera en el área.

“Desde 1996 la gente le ha dicho no a la minería. Acabamos de tener a mediados de octubre la primera cumbre de mi administración y toda la gente votó contra la minería”, sostiene el alcalde.

A juicio de Cevallos, no hay comparación entre explotar cobre en el desierto y en un lugar como Intag, donde hay mucha biodiversidad, e inclusive restos de una cultura ancestral.

Finalmente, con respecto a la vinculación de Codelco en el proyecto y al contexto de atropellos a los derechos humanos el alcalde es tajante: “Son estrategias que han utilizado siempre las transnacionales extranjeras, pero Codelco que estatal, está haciendo lo mismo que cualquier transnacional privada”.