La crisis por la cual está pasando la Universidad Arcis pareciera estar llegando a sus últimas consecuencias. El no pago de sueldos a funcionarios y académicos, la falta de financiamiento y el desorden institucional tras la salida de ICAL como controlador de la universidad ha desencadenado en un peligro de cierre.

En la Declaración a la Comunidad, adherida por el Directorio de la casa de estudios, señala que "La Universidad está siendo investigada por el MINEDUC a efectos de determinar la concurrencia de las causales establecidas por la ley, relativas al incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, estatutarias y académicas. El informe de esta investigación será evacuado el día 28 de octubre".

A pocos días de la entrega del informe, las autoridades universitarias advierten en su declaración que "Por diversos medios se nos ha informado que el no lograr una adecuada estabilidad, cumplir los estatutos vigentes, presentar un plan económico y asegurar recursos económicos futuros, nos pone en una situación de riesgo de ”cierre inminente”".

"La implementación de medidas económicas y administrativas de normalización no es una opción, es una obligación que la ley impone a las instituciones de educación superior y más aún ante el peligro de un inminente cierre", continúa el escrito.

Además, advierten que el "Estado no asistirá a la institución en materia financiera y no existe por ahora ninguna posibilidad que las instituciones privadas se “traspasen” al mismo directa o indirectamente". Esta explicación nace a raíz de la discusión por la nueva figura de Administrador Provisional, que -se evalúa- podría ser aplicada en la Universidad Arcis.

Sin embargo, el documento señala que el 

1.- Su figura legal no contempla traer fondos públicos a la institución que intervenga para estabilizar su situación financiera.

2.- Su función es administrar los recursos existentes, por lo mismo, reiteramos, el Estado no contempla inyectar recursos.

3.- Su tramitación (proyecto de ley) está contemplada para los próximos 50 días, luego de ello se debe dictar un reglamento que norme su funcionamiento. El reglamento tendría un tiempo de tramitación de aproximadamente seis meses.

4.- Como la universidad no está en condiciones de postular a la re-acreditación, nuestra institución no recibirá recursos por concepto de nuevos alumnos CAE, que hoy en día representa un 45% de los ingresos. Ello obliga a buscar recursos en el sector privado (sistema bancario), gestiones que se están realizando y, que están consideradas en el Plan de Desarrollo que ha diseñado la Vicerrectoría de Gestión y Finanzas.