El pasado viernes, el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, ordenó a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI interrogar al diputado de Renovación Nacional por sus antiguos nexos con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en el marco de la investigación del Caso Soria.

Martínez, quien fue reelecto como diputado por el Distrito 41 (Chillán, Chillán Viejo, Coihueco, El Carmen, Pemuco, Pinto, San Ignacio y Yungay), habría sido parte de la "Brigada Mulchén", a la cual se le responsabiliza por el asesinato del entonces funcionario de la Cepal, Carmelo Soria. Así lo determinó el periodista Javier Rebolledo, autor del libro de investigación "El Despertar de los Cuervos", en donde se detallan los orígenes de la DINA mediante testimonios tanto de exprisioneros como de victimarios del Regimiento Tejas Verdes, de San Antonio.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que el parlamentario es relacionado con crímenes de lesa humanidad. En junio de este año, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió la solicitud de desafuero en su contra, ya que habría comandado una operación que terminó con tres miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) acribillados mientras dormían. La acción se llevó a cabo en septiembre de 1981 en un domicilio de Neltume, Región de los Lagos, cuando el parlamentario era capitán del Ejército. Los militantes del MIR eran Eugenio Monsalve Sandoval, Próspero Guzmán Soto y Patricio Calfuquir Henríquez.

Para Gabriela Zúñiga, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la actual posición de Martínez es inaceptable y no contribuye desde ningún punto de vista a que, a poco más de 40 años del golpe de Estado, se haga justicia con quienes fueron asesinados: "Es impresentable que una vez más, a pesar de que haya sido una elección democrática, Rosauro Martínez esté ocupando un cargo público, porque él participó en muchos hechos en dictadura. Es impresentable para cualquier sociedad que se diga realmente democrática".

Además, agregó : "Hay un proyecto de ley presentado por Tucapel Jiménez que es un símil de Alemania, y busca impedir que este tipo de personajes ocupen cargos públicos de cualquier índole". En el país europeo, negar cualquiera de las atrocidades del régimen nazi es considerado delito, y nadie que haya participado o pregone ideas nacionalsocialistas puede ocupar cargos políticos o de función estatal.

El congresista de RN negó haber estado destinado en la DINA durante sus años de servicio, y además agregó en entrevista con Radio Cooperativa: "por lo menos, no me ha llegado ningún antecedente de ninguna información y preferiría que me llegara el antecedente del ministro”.

Disparidad en la justicia

En Chile, a diferencia de Alemania, muchos exfuncionarios de los aparatos de inteligencia de la dictadura ocupan puestos en la administración de Estados, así también como cargos de representación. Entre ellos, estuvo el exalcalde de Providencia y Coronel (r), Cristián Labbé, quien también será interrogado por orden del ministro Cisternas.

Lautaro Guanca, vocero del Partido Igualdad y del Movimiento de Pobladores en Lucha, está cumpliendo una condena de cinco años de libertad vigilada, pena conmutada por una inicial de cuatro años de presidio, por maltrato de obra a Carabineros. "Ésta fue una jornada donde Carabineros fue derrotado por los pobladores, en el contexto de lucha contra el plan regulador de las inmobiliarias en la comuna de Peñalolén. Ahí se orquestó, desde el municipio conducido por Claudio Orrego, un montaje policial y político de las mismas características de lo que les sucede a nuestros hermanos en las comunidades mapuche", declaró. Por ello, está inhabilitado de ejercer cargos públicos por 5 años.

"Ellos fueron funcionarios públicos a cargo del ejercicio del terror político desplegado por el Estado chileno. Nosotros somos luchadores sociales que fuimos condenados por este Estado, precisamente por oponernos a las estructuras de poder y de terror", agregó Guanca, criticando fuertemente las disposiciones legales que existen y que protegen a quienes considera "criminales". "En lo que se refiere a la composición de cargos públicos, nosotros creemos que la única forma de esto no ocurra es cambiando el Estado, que se va a seguir nutriendo de criminales para ejercer cargos estratégicos dentro de la institucionalidad. Ninguna de las autoridades son legítimas, sobre todo al calor de los últimos resultados electorales", sentenció.