Monsanto, la principal empresa del mundo productora de biotecnología agrícola y semillas transgénicas. Denunciada mundialmente por el peligro de sus productos para la salud y el ambiente, y por el control vía royalty del mercado de las semillas. Uno de sus principales accionistas es el millonario George Soros, cercano al mundo liberal y socialdemócrata. El poder y las redes políticas de Monsanto son tan grandes que tienen vínculos con los principales políticos de todo el orbe, entre ellos, los chilenos, donde hace años la empresa presiona para que se instaure en el país una ley que le permita el control de las semillas. Hoy está a punto de conseguir su objetivo, si no se le pone atajo desde la calle.

Por Lucía Sepulveda/ http://periodismosanador.blogspot.com -Artículo extraído de el Nº12 de El Desconcierto/ Julio 2013

Hay políticos que hacen lobby a favor de ChileBio, la entidad corporativa que agrupa en Chile a Monsanto y otros productores de químicos y semillas. Por ejemplo, Andrés Allamand, quien desde que era senador comenzó a promover los cultivos transgénicos. Junto a sus pares Alberto Espina, Fernando Flores y Eduardo Frei (quien posteriormente cambió su posición, firmando un proyecto de moratoria), fue uno de los autores del proyecto de Ley de Bioseguridad que promueve la introducción de este tipo de cultivos.

En 2011 el Senado aprobó la firma del Convenio de la Unión Internacional de Protección Vegetal UPOV 91, presentado a su vez por la ex presidenta Bachelet y acelerado por Piñera. El Convenio de “Protección” Vegetal da garantías de prolongado royalty por las semillas híbridas y transgénicas y, entre otras aberraciones, prohíbe el libre intercambio de semillas, asegurando su control por los denominados “obtentores”, en su mayoría transnacionales como Monsanto, Syngenta, Pioneer/Dupont y otros socios menores. Permite a las propias empresas demandar a quienes “pirateen” sus semillas, tal como se hace hoy en Estados Unidos o en los países europeos.

Votaron a favor del convenio los senadores Carlos Cantero (independiente de derecha); los UDI Juan Antonio Coloma, Hernán Larraín, Pablo Longueira, Jovino Novoa y Jaime Orpis; y los RN Francisco Chahuán, José García, Alberto Espina, Carlos Kuschel, Carlos Larraín, Baldo Prokurica, más el PPD Eugenio Tuma. Se abstuvieron los PS Camilo Escalona y Juan Pablo Letelier, junto a los DC Hossain Sabag, Patricio Walker y Andrés Zaldívar y el RN Antonio Horvath.

El Senado votó el convenio UPOV 91 entre gallos y medianoche, mientras en las calles miles de personas se manifestaban contra el proyecto HidroAysén. Pero no ha sido promulgado como ley de la República, porque sus disposiciones contradicen la Ley 19.342, la actual legislación sobre semillas. Chile, junto a Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador y China, continúa rigiéndose por el convenio de 1978. Por eso, los senadores UDI y RN reflotan periódicamente el lobby sobre el tema. Pero la movilización social y ambiental ha impedido al gobierno de Piñera operar en el Senado, mientras el tiempo actúa a favor de la conciencia ciudadana sobre la importancia de la defensa de la semilla nativa, y de parar toda ley que pavimente el camino a los cultivos transgénicos para el mercado interno.

Bachelet y el convenio UPOV 91

Fueron dos los proyectos de ley emblemáticos para Monsanto y las transnacionales semilleras introducidos al Congreso por el gobierno de la ex Presidenta Bachelet en 2008, bajo el “cuco” de que habría sanciones del gobierno de Estados Unidos si no se aprobaba rápidamente. El compromiso figuraba en la letra chica del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El proyecto de Ley de Obtentores Vegetales y el Convenio UPOV 91 tienen que ver con la propiedad intelectual de la semilla. Antes que se renovara la Cámara, el último día de vigencia de su mandato, en 2010, los diputados aprobaron el proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, haciendo caso omiso a las múltiples indicaciones propuestas por las organizaciones campesinas y ambientales. El proyecto pasó entonces al Senado.

La Ley de Obtentores Vegetales, que las organizaciones denominamos “Proyecto de Privatización de la Semilla”, proponía derogar la actual Ley de Semillas (que permitió firmar el Convenio UPOV en su versión de 1978) y reemplazarla por una que fuera totalmente funcional al Convenio UPOV 91. Bachelet no aceptó ninguna reunión para discutir ese proyecto, negándose a entrevistarse con las más de 40 organizaciones que hicieron ver su rechazo al contenido de la iniciativa. Hoy sabemos que este proyecto de ley fue elaborado por la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros), es decir por Monsanto, el padre de Ena von Baer y los productores de semillas híbridas y transgénicas, que son quienes desean asegurar un mayor lucro por la venta de estas semillas.

No al etiquetado de transgénicos

El lobby de Monsanto también funcionó en 2000 en el gobierno del presidente Lagos. Su entonces ministra de Salud, la doctora Bachelet, y sus asesores habían preparado una impecable normativa sobre etiquetado de alimentos GM transgénicos: el Decreto 293. La Contraloría tomó razón del decreto el 20 de junio de ese año. Pero nunca se promulgó en el Diario Oficial. En lo principal, establecía un umbral de tolerancia de 1% de contenido de transgénicos. Aquellos alimentos que superaran ese margen debían indicar en el listado de ingredientes, “con caracteres destacados, el ingrediente modificado genéticamente”. Los envases debían llevar, según la norma, un sello que diga “transgénico” o, si eran muy pequeños, “OGM”. De manera que hoy no tenemos etiquetado de transgénicos porque el entonces Presidente Lagos y su ministra desistieron de hacerlo. ¿Quién los “convenció”?

En el gobierno de Bachelet también destacan dos millonarios subsidios a Syngenta y Dupont/Pioneer, que están entre las más poderosas transnacionales semilleras y productoras de agrotóxicos. En 2007 Corfo le aportó 1,7 millones de dólares para la instalación de un centro de semillas en el Valle de Azapa, en Arica. Dupont recibió de Corfo casi un millón de dólares para su Estación Experimental Agroindustrial, también en el Valle de Azapa. A ello se agrega que durante todos los gobiernos de la Concertación no existió voluntad política para firmar el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que contribuiría a la protección del patrimonio genético del país, ni para impulsar una Ley de Protección de la Biodiversidad.

“El proyecto de Ley Monsanto”

El primer proyecto de ley sobre introducción de los transgénicos en Chile (de 2006), en que intervino Allamand, era similar al impulsado por Monsanto en México. La injerencia de la transnacional en ese proyecto fue ampliamente denunciada por varios sectores de la sociedad, que entonces lo denominaron “Proyecto de Ley Monsanto”.

El gobierno de Sebastián Piñera intentó en 2010 agilizar este proyecto, cuya tramitación estuvo detenida en tiempos de la presidenta Bachelet. Piñera envió al Senado indicaciones sustitutivas de la mayor parte del articulado para asegurar lo central: la introducción de los transgénicos para el mercado interno. El gobierno actual optó porque aspectos relacionados con la bioseguridad y otras aristas fueran abordados después de la aprobación de la ley, en reglamentos en los cuales no hay discusión pública posible. En una reunión, sostenida en abril de 2010 en el Ministerio de Agricultura por organizaciones ambientalistas y sociales para discutir el tema de los transgénicos, los asesores del entonces ministro de Agricultura José Antonio Galilea, Santiago Izquierdo y Fernando Astaburuaga, afirmaron textualmente: “Allamand y Espina nos dijeron que la orden es que este proyecto debía estar aprobado en junio o julio de 2010. Tiene que hacerse rápidamente”. Las órdenes provenían probablemente de Missouri, Estados Unidos, donde está la sede de la poderosa Monsanto.

En una entrevista a Jorge Schaulsohn, publicada en revista Caras, sobre la complicada situación de este lobbysta empresarial (y ex diputado PPD) se informaba que Allamand y Schaulsohn habían sido socios en una oficina de abogados en Estados Unidos. Schaulsohn entregó en la entrevista su respaldo a la aventura presidencial del RN. Es vuelta de mano: Allamand respaldó a Schaulsohn y Flores en la fundación del partido Chile Primero, que tras abandonar la Concertación se plegó a la Alianza. El abogado estuvo íntimamente relacionado con las corporaciones agroquímicas, de la biotecnología, la minería y el comercio. Por ejemplo, hizo lobby ante el SAG contra la prohibición inmediata del venenoso herbicida paraquat producido por Syngenta. La medida había sido solicitada por RAP-Chile por los evidentes daños a la salud y el ambiente causados por la sustancia química.

La privatización total no se ha consumado porque el gobierno de Piñera no ha podido promulgar esta ley aprobada por el Senado.

Ello no ha sido posible porque no se ha derogado la antigua Ley de Semillas, cuestión incluida en el proyecto de Ley de Obtentores que no ha sido aún discutido en el Senado porque el Gobierno no le ha puesto urgencia. Para que se promulgue un convenio internacional, éste tiene que estar de acuerdo con la legislación interna y no es el caso, pues la actual Ley de Semillas es contradictoria con varios aspectos del convenio UPOV 91. En Chile aún rige también el convenio UPOV del año 1978, que no permite a Monsanto querellarse y que tampoco prohíbe el intercambio de semillas. Pero, lejos de estar ganada esta poco difundida batalla, ante un gigante como Monsanto, que ha liquidado a miles de campesinos en el mundo; sólo la acción persistente ciudadana podrá impedir lo que será nefasto para nuestras futuras generaciones.