FA, PS, PC y PPD advierten que el nuevo gobierno podría flexibilizar la evaluación ambiental sin cambios legales, comprometer acuerdos climáticos internacionales y alinear a Chile con las posturas de Trump, Milei y Bolsonaro en materia medioambiental.
La nueva oposición ya se prepara para enfrentar los próximos cuatro años en los que el republicano José Antonio Kast liderará el gobierno central del país desde el Palacio de La Moneda, y por lo mismo advierten que podría haber retrocesos en derechos sociales y cuestiones medioambientales después de la salida de Gabriel Boric.
Lo cierto es que ha sido el mismo mandatario quien ha manifestado que está en contra de los "ismos", dentro de los cuales estarían "el ambientalismo extremo que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano y el animalismo radical (...) que antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano", entre otros.
Y es que de acuerdo con el exmilitante del Partido Republicano -que renunció a las filas partidarias justo antes de asumir la Presidencia-, "estos ismos no buscan la justicia, buscan el poder mal entendido. No buscan la igualdad, sino que promueven la división. No buscan fortalecer la democracia, sino vaciarla y capturarla".
De hecho, el ahora presidente anunció que "con la ley medioambiental que hay y el reglamento que hay, así como dijimos 'chao préstamo': chao guía ambientales (...) Esas guías ambientales las inventa el burócrata de la zona, y si le gusta una cosa tira la guía para proteger a las arañitas. Si le gustan los pajaritos, tira la guía para proteger a los pajaritos".
En ese sentido, son varios los actores que han salido al paso cuestionando estos comentarios y también proyectando que no será un ciclo fácil para la protección de la naturaleza y los activistas medioambientales. Entre estos están, por ejemplo, las fundaciones Chile Sustentable y Terram.
Dichas organizaciones plantearon a El Desconcierto que la desregulación ambiental impulsada por la administración saliente y que eventualmente será profundizada por Kast representa un retroceso civilizatorio en el marco de la situación mundial y la disputa global por recursos naturales.
En el caso de las tiendas progresistas, estas se perfilan para convertirse en opositores que defiendan lo conquistado en años anteriores, todo mientras ponen de manifiesto su preocupación por el riesgo que implica el rebajar los estándares administrativos en la evaluación ambiental de proyectos sin necesitar un cambio en la legislación y llaman a estar alertas.
Eso mismo lo comentó a este medio el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, quien indicó que además de los permisos estarán vigilantes en lo que respecta a la política exterior climática en tanto los Estados Unidos de Donald Trump pueden expandir su visión negacionista climática.
El dirigente cuestionó que las señales de acercamiento hacia liderazgos internacionales críticos de la agenda ambiental podrían alinear a Chile con posturas como las de la Casa Blanca, Javier Milei o Jair Bolsonaro y así debilitar los compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones y acción climática.
Asimismo, explicó que la colectividad asumirá un rol fiscalizador frente a eventuales modificaciones administrativas que puedan flexibilizar la evaluación ambiental sin necesidad de cambios legales, lo que —a su juicio— podría afectar estándares construidos durante los últimos años.
En materia productiva, Couble defendió la continuidad de la Estrategia Nacional del Litio, destacando que busca equilibrar desarrollo económico y protección ecosistémica mediante mayor participación estatal, resguardo de salares y diálogo con comunidades. A su juicio, el desafío para la oposición será asegurar que la explotación de recursos estratégicos incorpore nuevas tecnologías y criterios de sostenibilidad ambiental.
El representante del FA enfatizó que dentro del partido existe un trabajo permanente a través de su frente ecosocial, instancia vinculada a organizaciones territoriales y socioambientales. Desde ahí —explicó— se impulsa un modelo de desarrollo que combine crecimiento productivo con adaptación al cambio climático y preparación frente a futuros desastres naturales que podrían afectar especialmente a los sectores más vulnerables.
Desde el Partido Socialista, el vicepresidente Arturo Barrios aseguró que la defensa del medioambiente forma parte de los principios históricos de la colectividad, aunque subrayó que esta protección debe dialogar con el crecimiento económico. En ese sentido, afirmó que el partido no se opone al desarrollo de proyectos productivos, siempre que estos respeten las normas ambientales vigentes.
El parlamentario advirtió que estarán atentos a los anuncios del nuevo Ejecutivo respecto a acelerar permisos o revisar regulaciones. Según indicó, la preocupación radica en que dichas medidas puedan interpretarse como una flexibilización que termine debilitando el Estado de derecho o reduciendo garantías ambientales fundamentales para las comunidades.
Barrios señaló que la postura socialista contempla evaluar los proyectos caso a caso, considerando tanto su impacto ambiental como su aporte al desarrollo regional. Como ejemplo, mencionó debates ligados a infraestructura portuaria y crecimiento económico local, señalando que el desafío político consiste en compatibilizar inversión con protección ecosistémica.
En esa línea, el dirigente insistió en que desarrollo y cuidado ambiental no son conceptos opuestos. A su juicio, los conflictos surgen cuando no existe diálogo entre actores públicos, privados y sociales, por lo que el rol de la oposición será observar en detalle las medidas del gobierno y asegurar que ninguna iniciativa pase por encima de la normativa ambiental vigente.
En tanto, el Partido Comunista reafirmó que su posición medioambiental mantiene continuidad independiente del gobierno de turno. El partido sostiene que un desarrollo verdaderamente sostenible debe mejorar las condiciones de vida de las comunidades y resguardar la biodiversidad, rechazando la idea de que crecimiento económico y protección ambiental sean incompatibles.
En ese contexto, subrayaron en su preocupación por los anuncios regulatorios del nuevo gobierno y por eventuales acuerdos internacionales vinculados a minerales críticos. Según señalaron, el país necesita mayor claridad respecto del impacto ambiental y las implicancias para la soberanía nacional que podrían derivarse de estas negociaciones estratégicas.
La colectividad también puso el foco en el funcionamiento institucional del sistema de evaluación ambiental. A su juicio, más que acelerar plazos mediante decretos, la prioridad debería ser fortalecer al Estado y al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), aumentando dotaciones y capacidades técnicas que permitan cumplir los tiempos legales con rigurosidad profesional.
Así, los comunistas alertaron que presionar al sistema más allá de su capacidad podría generar un efecto contrario al buscado, incrementando judicializaciones en tribunales ambientales. Esto —advirtieron— terminaría afectando tanto la certeza jurídica para la inversión como la confianza ciudadana en los procesos de evaluación ambiental.
Finalmente, desde el PPD llamaron a "estar vigilantes con lo que se hace, no solo en materia de medioambiente, sino también porque en Vivienda el ahora ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya ha planteado la idea de la liberalización del suelo".
El secretario general del partido, José Toro, complemento que "en particular en medioambiente, nuestra institucionalidad no puede retroceder porque quienes crean que primero está el crecimiento por sobre el cuidado de nuestros ecosistemas está equivocado: ambas cosas deben conversar y debemos ser capaces de cumplir con estándares internacionales".
