A pesar de las intenciones republicanas iniciales por liderar un traspaso de mando de la forma más institucional posible, el cambio de gobierno ha estado marcado por las controversias sobre todo en el último tramo de la administración de Gabriel Boric (FA) y especialmente a propósito de la principal polémica de estos días.
Se trata del decreto -justo antes de la revisión de la Contraloría- que autorizó la instalación por 30 años del cable submarino de la empresa China Mobile Internacional (CMI) y cuyo proceso administrativo desató un conflicto que escaló a nivel global luego que Estados Unidos advirtiera a Chile que de iniciar la conexión retirarían a nuestro país del programa de la Visa Waiver para la entrada rápida a territorio norteamericano.
Lo anterior no es la única problemática que el presidente electo, José Antonio Kast (Republicanos), deberá hacer cara a partir del comienzo de su mandato este próximo 11 de marzo, ya que son varios los desafíos que tendrá que resolver de cara a la comunidad internacional y también en virtud a las expectativas que tiene a la ciudadanía sobre las promesas de campaña.
Uno de los posibles flancos abiertos del nuevo mandatario son las relaciones que algunas de las próximas autoridades tienen con sectores del gran empresariado, cuestión que podría traer eventuales conflictos de interés si es que no hay preocupación por evitarlos y en medio de los casos de corrupción que se han conocido el último período.
En ese sentido, el Ejecutivo deberá ejecutar una política activa de transparencia que considere la inhibición de determinadas decisiones con el fin de evitar cuestionamientos políticos sobre todo en los primeros meses de gestión. En paralelo, manejará un gabinete en donde varios de sus integrantes tienen sus propias trayectorias en el sector privado.
De entre los secretarios de Estado que han sido mencionados por la prensa está el próximo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien antes de asumir la cartera renunció a varios de sus cargos gerenciales en firmas ligadas al grupo Luksic como lo es la minera Quiñenco y otros como Banco de Chile, CCU y Enex, entre otras.
Lo más relevante en este caso son los vínculos que el nuevo canciller tiene como empresario en el extranjero, como por ejemplo con la naviera Hapag-Lloyd: una de las cinco empresas más importantes de transporte marítimo de contenedores a nivel mundial y en donde formó parte del consejo supervisor como representante de Luksic.
Quien se suma a la lista es también el próximo biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que también proviene del mundo empresarial y cuya cercanía con el sector privado ha sido destacada por sus detractores que advierten la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia.
La preocupación no es menor si se considera que ambas reparticiones tienen un rol central en la regulación, promoción y supervisión de actividades económicas donde participan directamente grandes conglomerados empresariales.
Desde Economía se definen políticas públicas relacionadas con el fomento productivo, la libre competencia, la innovación y el desarrollo de sectores estratégicos, mientras que la cartera de Minería tiene incidencia directa en decisiones regulatorias que afectan a uno de los pilares de la economía chilena.
Mas además fue nombrado a último minuto justo antes que Kast diera a conocer a los miembros de su gobierno luego que la minera canadiense Los Andes Copper informara por medio de un comunicado que Santiago Montt iba a ser el ministro de Minería.
Por otro lado, las opacidades en la licitación del proyecto China-Chile Express (CCE) —que busca conectar Hong Kong con Concón mediante fibra óptica de alta capacidad— instalaron la tensión más latente que deberá enfrentar el dirigente del Partido Republicano.
Y es que EEUU planteó eventuales riesgos de seguridad asociados al cable apuntando a un posible uso para inteligencia por parte de China en medio de la creciente rivalidad entre ambas potencias. Para la próxima administración, el dilema será definir si mantiene la relación económica con Beijing —principal socio comercial del país— o si prioriza la alianza estratégica con Washington.
Para el analista político Guillermo Holzmann, académico de la Universidad de Valparaíso, el desafío será uno de los más complejos del inicio del mandato. “La relación de Chile con Estados Unidos y China va a ser, si no un dolor de cabeza, un verdadero desafío para el inicio del gobierno de Kast”, adelantó.
Según el especialista, el presidente electo tendría que separar su agenda de “gobierno de emergencia” —centrada en seguridad y economía— de las decisiones estratégicas de política exterior. Así, la conexión submarina se transformó en el primer test geopolítico de La Moneda entrante, ya que combina una discusión tecnológica con definiciones diplomáticas de largo plazo.
La complejidad radica en que la relación con Asia no se limita a un proyecto puntual. Desde el Tratado de Libre Comercio firmado en 2005, el país oriental se consolidó como el principal destino de las exportaciones chilenas y mantiene nexos en sectores estratégicos como minería, energía, agroindustria y concesiones portuarias.
Ese entramado económico, sumado a la presión geopolítica entre Washington y Beijing, obligará la próxima gestión a desplegar una diplomacia altamente cuidadosa para evitar costos políticos o comerciales en cualquiera de los dos frentes.
La discusión también podría abrir tensiones dentro del propio bloque que respaldará al nuevo gobierno. Al interior de la derecha chilena conviven visiones distintas respecto de cómo enfrentar la relación con las grandes potencias.
Por un lado, sectores con fuerte vínculo con el empresariado —tradicionalmente asociados al liderazgo de Sebastián Piñera— tienden a privilegiar un enfoque pragmático que prioriza la estabilidad de las relaciones comerciales con China, dada su importancia para las exportaciones chilenas.
Por otro, una derecha más ideológica cercana al proyecto político de Kast podría inclinarse por reforzar la alianza estratégica con Estados Unidos, especialmente en el plano político y de seguridad.
Cómo se resuelva ese equilibrio interno —entre pragmatismo económico y afinidad política— podría transformarse en uno de los factores que definan el rumbo de la política exterior chilena durante los primeros meses del nuevo gobierno.
Finalmente, a ese complejo escenario se suma otro flanco diplomático heredado de Boric: la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La postulación de la exmandataria, que fue impulsada por La Moneda en el último tramo del período actual, podría transformarse en una nueva fuente de conflictos para el gobierno entrante.
Si bien se trata de una postulación respaldada formalmente por el Estado de Chile, dentro del bloque que respalda a José Antonio Kast han surgido reparos respecto a la conveniencia política de mantener ese apoyo, considerando las diferencias ideológicas con la expresidenta y su trayectoria dentro del progresismo internacional.
Esa incomodidad vira a otro debate sobre si el nuevo Ejecutivo optará por sostener la línea institucional del país o marcar una distancia política frente a la postulación.
De esta forma, el inicio del gobierno de Kast no solo estará marcado por desafíos internos en materia de seguridad y economía, sino también por un delicado equilibrio en política exterior: administrar la rivalidad entre Estados Unidos y China, enfrentar cuestionamientos por eventuales conflictos de interés en su gabinete y, al mismo tiempo, definir el respaldo de Chile a la candidatura de Bachelet en la ONU en una decisión que también tendrá repercusiones en el escenario internacional.
