Violencia escolar: El mismo error, los mismos resultados

La violencia escolar no es un fenómeno individual. Es fundamentalmente relacional y tiene raíces en condiciones estructurales —desigualdad, exposición a entornos violentos, deterioro de la salud mental, efectos acumulados de la pandemia— que los establecimientos educativos por si solos no pueden resolver, pero que sí pueden mediar si cuentan con las herramientas, los profesionales y la infraestructura adecuada. Expulsar o sancionar a un estudiante no elimina las causas que lo llevaron a actuar con violencia. Solo las desplaza.

Para abordar esta problemática en serio, desde su complejidad y múltiples aristas, lo primero debe ser responder las siguientes preguntas: que un niño, niña o adolescente opte por la violencia ¿es un hecho fortuito? ¿O existen condiciones y causas que expliquen esa violencia? Y si existen esas condiciones o causas ¿se puede prevenir y detectar o es inevitable lo que estamos viviendo? Y una vez que se detectan ¿Qué respuestas se activan para que las escuelas puedan intervenir de forma eficaz? ¿Tienen las condiciones adecuadas para ello?

La tarea no es fácil, pero la respuesta a esas preguntas es lo que debiésemos estar discutiendo y lo que debe guiar toda política pública que quiera evitar que niños, niñas y adolescentes opten por la violencia en el futuro. Abordar la violencia escolar de forma efectiva exige medidas que actúen antes de que ocurra el hecho, no solo después.

En este contexto, el anuncio de una reducción presupuestaria para educación es a todas luces un despropósito. Lo que se requiere es de una estrategia planificada que abarque todos los niveles de la comunidad educativa. Llevar a cabo este trabajo conjunto entre las autoridades del Ministerio de Educación, los sostenedores, la academia, los equipos de gestión escolar, los profesores, los equipos de apoyo psicosocial y los estudiantes, es una prioridad.

Si el foco sigue estando única y principalmente en la gratuidad, nos encontraremos con una nueva política pública fracasada. Y el costo, como siempre, lo pagarán las comunidades educativas más vulnerables: las mismas que llevan años esperando que el Estado les entregue herramientas para prevenir, no solo para castigar.