Transición energética sí, ¿justa? Dudoso

Actualmente, en Frutillar, Región de Los Lagos, hay tres proyectos en evaluación ambiental: Trumao de USD $700 millones (Parque Eólico + Línea de Alta Tensión + Sistema de Almacenamiento por Baterías de Litio de 320 MW), Vientos del Lago de USD $200 millones (Parque Eólico + Línea de Alta Tensión de 132 MW) y Loma Verde de USD $212 millones (Parque Eólico + Línea de Alta Tensión de 136,4 MW). Son más de USD $1.100 millones de inversión en la comuna famosa por sus semanas musicales, pero adivinen dónde están domiciliados sus titulares.

Agreguemos que BESS-El Molino (Sistema de Almacenamiento de Energía por Baterías de Litio, de USD $233 millones), ubicado también en Frutillar, acaba de obtener su resolución de calificación ambiental (RCA) favorable, y una vez más, la historia impositiva se repite. Hace 6 años, el proyecto Puelche Sur obtuvo RCA favorable, y por supuesto que el patrón es el mismo.

“¡Pero las fuentes de trabajo!” Es uno de los argumentos que se señalan en pro de estos proyectos. ¿Veamos? Resulta que el empleo local de estos parques solares y eólicos es muy limitado: Durante la fase de construcción de dos años aproximadamente de cada proyecto, se pueden generar en promedio 200 puestos de trabajo, mientras que en operación permanente (30 años) se requieren apenas entre 8 y 10 trabajadores por proyecto. Volviendo a Frutillar, con los tres proyectos en evaluación tendríamos 30 trabajadores contratados durante tres décadas.

Siguiendo con los aspectos negativos de los proyectos de parques eólicos (los impactos significativos), necesitaríamos volvernos expertos en decir adiós; hasta luego al paisaje tal cual lo conocemos; auf wiedersehen a suelos clase II y III, y a la reducción de su capacidad para sustentar biodiversidad; bye-bye a vegetación nativa; sayonara a hábitats de anfibios debido al aumento de niveles de ruido durante la operación; arrivederci a avifauna por mortalidad incidental asociada al funcionamiento de los aerogeneradores por colisiones y barotrauma; y au-revoir a napas subterráneas intactas, por fundaciones de aproximadamente 30 metros de diámetro y 3,5 de profundidad por cada aerogenerador. Le damos eso sí la bienvenida al efecto sombra parpadeante o shadow flicker, al ruido y vibraciones, y al riesgo de incendio de las baterías de litio.

Por otro lado, las personas que compraron una parcela para disfrutar del verde y del sonido de la lluvia, van a tener que vivir con un aerogenerador a 750 metros de su casa, porque así es la magia del sur. Como efecto secundario, el valor de su bien raíz se va en picada. Lo más tragicómico, es que la construcción de estos proyectos genera miles de toneladas de gases de efecto invernadero (con cifras dispares que van desde 11 mil a 76 mil toneladas), sin que las empresas expliquen en sus estudios de impacto ambiental cómo compensarán dichas emisiones.

Asumamos que cada proyecto puede cumplir individualmente con la normativa, y puede mitigar -no eliminar- sus impactos. Sucede que la evaluación fragmentada de ellos no permite dimensionar los impactos acumulativos en biodiversidad, paisaje, infraestructura y calidad de vida a escala comunal.

¿Y si alteramos rutas migratorias de aves? ¿Y si el ruido y la vibración hacen inviable al turismo rural? ¿Y si se crea un conflicto con comunidades indígenas que antes no existía? La experiencia internacional demuestra que la instalación no planificada y acumulativa de parques eólicos puede generar procesos de saturación territorial, con impactos significativos en biodiversidad, paisaje y calidad de vida.

¿Se empieza a vislumbrar que los territorios asumen los impactos —paisajísticos, ambientales y sociales— pero no perciben más que unos fondos mezquinos de $20M al año para organizaciones comunitarias, una o dos plazas y un bicicletero? ¿Esto es justo (dar a cada cual lo suyo)? ¿Esto es una “buena señal” para el país?

Existen modelos internacionales que abordan este desafío. En Alemania, la Ley de Energías Renovables (Erneuerbare-Energien-Gesetz o EEG) ha incorporado mecanismos que permiten que las comunidades locales participen de los beneficios económicos de los proyectos energéticos.

En algunos casos, esto se traduce en aportes directos anuales voluntarios por megawatt generado, del orden de 2 euros por MWh. Este elemento de la legislación resultó clave para mejorar la aceptación social de las energías renovables, transformando la percepción de las comunidades desde una lógica de impacto, hacia una de oportunidad.

Apliquemos lo anterior a Frutillar: los tres proyectos energéticos en evaluación ambiental, podrían abastecer aproximadamente a cerca de un millón de hogares del país, ya que suman cerca de 600 MW de capacidad instalada, y considerando factores de planta del orden de 30% a 40%, generarían más de 1,5 millones de MWh anuales.

El Municipio podría percibir ingresos aproximadamente de dos mil millones de pesos anuales por proyecto, durante toda su vida útil. Dichos recursos podrían destinarse a fomentar y aplicar programas de eficiencia energética comunitaria (por ejemplo paneles solares) y calefacción sostenible (envolvente térmica, calefacción eléctrica, etc.); al desarrollo turístico sostenible (por ejemplo, con transporte eléctrico, ciclovías, estaciones de carga); o incluso algo tan simple como entregar un bono anual de energía para bajar la cuenta de la luz de los vecinos y vecinas de la comuna.

Una transición energética justa podría no solo reducir emisiones, sino mejorar la calidad de vida de los habitantes y contribuir a configurar un territorio más resiliente frente a la crisis climática. También sería un verdadero compromiso con un desarrollo sostenible para Chile. Una transición energética justa nos permitiría asegurar que nuestras futuras generaciones puedan seguir habitando esta tierra con dignidad y esperanza.