Recortes, precarización y negacionismo: La niñez vuelve a ser sacrificada

La historia reciente revela que la protección infantil en Chile se ha sostenido sobre precariedad. El Servicio Nacional de Protección Especializada fue creado para reemplazar al Sename, pero el modelo se mantuvo: licitaciones que favorecen el costo por sobre la calidad, profesionales externalizados, contratos frágiles y una alta rotación. El ultimo informe de la defensoría de la niñez habla de una institución agotada, con licencias médicas recurrentes, renuncias constantes y sobrecarga de funciones. Esta precariedad no es accidental; refleja un Estado que delega y subvalora el trabajo de cuidado, sosteniendo la intervención con la vocación de profesionales extenuados y sumamente agotados.

Mientras la institución se mantiene al borde, la demanda crece. En los últimos años las medidas de protección dictadas por los tribunales se han incrementado y la mayoría corresponde a intervenciones ambulatorias: medidas destinadas a abordar situaciones de violencia familiar o negligencia sin separar al niño de su entorno. Requieren equipos técnicos para acompañar a las familias, pero esos mismos programas son los que saturan al Servicio y engrosan las largas listas de espera. La mayor parte de los ingresos se debe a maltrato y abuso sexual. Con más niños ingresando y más familias requiriendo apoyo, se esperaría que el Estado refuerce su capacidad; en cambio, se anuncia que tendrá menos recursos para hacerlo.

El detalle del ajuste es elocuente: la mayor parte del recorte recae en la institucionalidad que debe velar por la infancia. Se reducen los fondos del Servicio de Protección Especializada y también los de la Subsecretaría de la Niñez —la unidad que coordina las políticas de protección—, mientras que otras áreas como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Instituto Nacional de la Juventud también pierden recursos. Pero es la poda a la protección especializada la que resulta más paradójica.

Mientras el país conoció el caso de Lissette Villa, una niña de once años que murió asfixiada en 2016 dentro de una residencia, y la Corte Interamericana condenó al Estado por el incendio de un centro donde murieron diez adolescentes, las autoridades prometían nunca más. Hoy, al privar de financiamiento a la institucionalidad que debía ser reformada, se revierte ese compromiso y se transfiere el costo a quienes ya han sido vulnerados.

No se trata solo de números: el presupuesto expresa qué vidas consideramos prioritarias. Al justificar la reducción diciendo que se focaliza en programas “ineficientes”, se sugiere que la protección de la infancia es un gasto ajustable. Pero la Ley de Garantías de la Niñez obliga al Estado a priorizar recursos y a no retroceder. Voces expertas nos señalaron que el mayor recorte dentro de la cartera golpea a la Subsecretaría de la Niñez y que esto evidencia un retroceso en la protección. Ese clamor proviene de sobrevivientes, familias y trabajadores de la infancia que temen que el Estado una vez más vuelva a darles la espalda.

Por primera vez en décadas, Chile había emprendido caminos inéditos: una Ley de Garantías que reconoce a niños y niñas como sujetos de derecho y que exige al Estado avanzar en la protección de sus derechos. Esa ley, que nació como respuesta a décadas de violencia estatal, obliga a no retroceder. El recorte actual refleja lo fácil que es desmontar esos avances.

No se puede separar este ajuste del adultocentrismo estructural: mientras persisten discursos sobre la importancia de la infancia, en la práctica se restringe la autonomía de instituciones, se recortan sus presupuestos y se despedaza la capacidad de reparación. Si de verdad queremos dejar atrás las vulneraciones de derecho y la violencia institucional contra la niñez, necesitamos más que retórica vacía. Revertir los recortes y fortalecer la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Nacional de Protección Especializada significa asegurar equipos con estabilidad y remuneraciones dignas, aumentar la cobertura de los programas y reducir las listas de espera.

También significa tratar el presupuesto como una herramienta de justicia: no se puede exigir resultados en políticas de protección mientras se recorta el financiamiento. Continuar por el camino actual no solo mantiene a miles de niñas y niños en espera; también envía un mensaje devastador a quienes sufrieron vulneraciones de derecho, que al Estado en verdad nunca le ha importa su bienestar. Cortar los recursos de la niñez es, en definitiva, negarles el futuro.