Mucho se ha hablado de las medidas y/o propuestas que ha hecho el nuevo Gobierno con el objetivo de generar presupuesto para impulsar nuevas políticas. Y claro, es lógico pensar que las prioridades son distintas para personas diferentes y que las necesidades cambian a través del tiempo. Sin embargo, las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda denotan una cierta incomprensión respecto de la naturaleza de las personas por quienes se gobierna.
Muchos de los programas que se propone descontinuar tienen un impacto sobre personas reales que verán afectada de manera negativa su calidad de vida en caso de que algunas de las sugerencias sean aceptadas. Algunos ejemplos son el programa de Beca de Alimentación Escolar, que entrega raciones de alimentos diariamente a más de un millón y medio de niños cada año; y el programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, que apoya el acceso de miles de estudiantes de establecimientos educacionales públicos a la educación superior.
Efectivamente, al descontinuar estos programas, el Gobierno va a contar con una importante suma de dinero para invertir en otras iniciativas de importancia, pero una cosa es definir que un programa ha sido mal evaluado y sugerir que sea descontinuado, y otra muy diferente es mirar a la cara a las personas y decirles: “lo siento, lo que antes era un derecho hoy es tu problema”. No es tan simple decirle a un niño que ya no hay más dinero para garantizar su alimentación o plantearle a un estudiante destacado que ya no nos importa si accede o no a la Educación Superior.
En este contexto en que se busca recortar medidas para disponer de mayores recursos es necesario preguntarse ¿es válido poner el pie sobre la cabeza de algunos para salir adelante? ¿Es justo prescindir de programas que responden a las necesidades de los más vulnerables?
Ya ni siquiera es cuestionarse por la justicia educacional, sino que estamos viendo tambalearse los pilares más básicos de la justicia social. Los derechos sociales no deberían ser parte de este camino de ajuste. Las medidas no deben responder solo a indicadores económicos, sino que también debe analizarse su impacto social tanto a nivel macro como micro.
¿Cuánto pierde el crecimiento del país si nuestros niños no tienen energía para seguir aprendiendo? ¿Cuánto dejamos de ganar si nuestros jóvenes no tienen los recursos para fortalecer sus trayectorias educativas?
Esto no es una crítica desde una ideología política, esto es una llamada a parar y mirar a las personas por las que se gobierna. Detenerse y reflexionar respecto del impacto de estas sugerencias. Es un llamado a sacar a los números del centro y a analizar el impacto social específico que medidas como estas podrían generar.
