Tómese cinco segundos para pensar en un país desarrollado. Seguramente lo que aparece es un lugar limpio, tranquilo, seguro, libre y educado. Un país donde se puede acceder a los bienes y servicios de manera adecuada, donde respirar bien, caminar seguro y tener acceso al conocimiento no son privilegios, sino condiciones básicas, y donde la gente puede proyectar su vida sin que el azar de su origen lo condene.
Cuando pensamos en un país más limpio y cuidado, es difícil no pensar en los modestos avances que hemos tenido en temas como humedales y biodiversidad. Chile tardó décadas en aprobar leyes que les dieran protección mínima, para que hoy esa protección se ponga en cuestión en nombre de la "flexibilización" y el "desbloqueo de la inversión". Se habla nuevamente de permitir construcciones sobre humedales, como si las últimas décadas de evidencia científica y de gestión urbana en el mundo no existieran.
Países como Alemania, que desde 1976 ratificó la Convención de Ramsar y hoy tiene 35 sitios protegidos de importancia internacional, o los Países Bajos que a pesar de ser uno de los territorios más densamente urbanizados del planeta han construido marcos legales y programas de restauración de humedales entienden que estos ecosistemas no son obstáculos al desarrollo: son parte de él.
Son los pulmones y los espejos de las ciudades. Son refugios para las personas y la biodiversidad en medio del cemento. Además, construir sobre humedales produce edificaciones estructuralmente más frágiles, propensas a filtraciones, hundimientos y daños que terminan afectando a los mismos compradores que se pretende favorecer.
Si pensamos en un país menos pobre y con mayor acceso a bienes y servicios, tanto el aumento de los costos de vida como el recorte transversal del 3% a todos los ministerios se aparece rápidamente en el camino. Entre otras cosas, el Ministerio de Vivienda redujo en un 60% los subsidios del Fondo Solidario DS49 para el primer llamado de 2026, el principal mecanismo con que familias vulnerables acceden a una vivienda sin endeudamiento.
Asimismo, se han puesto en duda políticas públicas básicas como la alimentación escolar y se ha afectado el financiamiento de programas para personas en situación de calle, entre otros. Difícilmente podemos creer que esto nos hace avanzar hacia el desarrollo. Un país que no da atención mínima a las personas en situaciones vulnerables, por ejemplo empeorando las circunstancias de personas en situación de calle, no es precisamente un país desarrollado.
Y si pensamos en un país más culto y menos ignorante, no podemos dejar de mirar el desprecio explícito por el conocimiento. El Presidente Kast declaró ante cerca de mil asistentes: "A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno". La frase es reveladora, no solo por lo que dice, sino por lo que ignora.
Por poner ejemplos cotidianos, tecnologías como el GPS, el láser y la resonancia magnética surgieron desde investigaciones básicas sin aplicación inmediata. Asimismo, el funcionamiento institucional se sostiene sobre el conocimiento creado por las ciencias sociales que evalúan, por ejemplo, el impacto que un programa tiene en la población. Por lo demás, la investigación científica financia empleos para estudiantes, técnicos e ingenieros, formando a las personas que luego construyen empresas, políticas públicas y soluciones.
Sin embargo, Chile invierte apenas el 0,4% de su PIB en investigación y desarrollo, siendo que el problema estructural de la ciencia en el país no es que sobre plata, es que falta. Un presidente que reduce el valor del conocimiento a su efecto inmediato sobre el empleo no solo revela una mirada miope sobre el desarrollo: Esos libros preciosos, empastados en las bibliotecas, contienen exactamente el tipo de evidencia que este gobierno prefiere ignorar.
Y luego está el proyecto emblema de este gobierno: la reforma tributaria que recorta impuestos a los sectores de mayores ingresos, exime de tributación a las viviendas de mayor valor, y ofrece incentivos adicionales a quienes invierten en empresas, con la promesa de que todo eso se "chorreará" hacia abajo.
Este es un argumento viejo y desacreditado. Los recortes tributarios a los ricos no tienen efectos significativos en el crecimiento ni en el empleo, pero sí aumentan la desigualdad de ingresos (Hope & Limberg, 2020), siendo que los efectos positivos sobre los trabajadores son mínimos y concentrados en quienes ya están mejor (Risch, 2023). Darle más a los que más tienen no es una política de desarrollo, sino una mezcla entre fervor ideológico y favores para los amigos.
Así las cosas, el derrotero que estamos tomando es hacia un país menos limpio, más pobre y más ignorante, pero también más desigual. Chile ya parte de una posición preocupante: según el Banco Mundial, nuestro índice de Gini se sitúa en torno a 0,43, uno de los más altos entre los países de la OCDE y, según el World Inequality Lab, el 1% más rico concentra cerca del 24% del ingreso nacional, lo que ubica a Chile en el puesto 11 entre los países con mayor concentración en ese segmento a nivel mundial. Nuestra pésima posición podría empeorar.
En este escenario, y especialmente tomando en cuenta los encuadres de la discusión pública, se vuelve importante pensar nuevamente el país que queremos y ver cómo las políticas que se impulsan pueden contribuir, o no, en dicho camino.
Perseguir un aumento en el crecimiento puede ser un objetivo razonable si se hace de manera correcta, pero ni crecer asegura desarrollarnos, ni lo que se viene impulsando por ahora apunta a mejorar ni una cosa ni la otra. Por ahora, el despliegue gubernamental parece estar más preocupado de honrar su fervor ideológico y sostener discursos que no se condicen con la realidad, antes que favorecer el bienestar de Chile.