No es crisis fiscal: Es una decisión política en medio de un shock global

Y esa decisión se vuelve insostenible cuando se la observa junto a la agenda tributaria del propio Ejecutivo. Mientras se alega estrechez fiscal para no reforzar el MEPCO, el mismo gobierno promueve una reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, proyecto que ingresará al Congreso en abril. Según estimaciones basadas en la Comisión Marfán, esa rebaja implicaría una menor recaudación de aproximadamente US$1.200 millones anuales.

Es decir: no hay recursos para proteger a las familias del alza del costo de la vida, pero sí para disminuir la carga tributaria de las empresas de mayor tamaño. No es una contradicción menor. Es una definición ideológica que el gobierno debe explicitar, en lugar de presentarla como limitación técnica inevitable.

El contraargumento previsible es que la estrechez fiscal es herencia del gobierno anterior, que registró déficits estructurales de 3,3 y 3,6 puntos del PIB en sus dos últimos años. Esa observación tiene alguna base. Pero incluso aceptándola, no resuelve la contradicción: si los recursos son escasos, la pregunta política obligada es a quién se protege primero. La respuesta de este gobierno es clara.

Desde el punto de vista macroeconómico, el rol de la política fiscal frente a shocks externos es preciso: suavizar el impacto y evitar efectos regresivos. Para eso existe el MEPCO. Su agotamiento no es argumento para abandonarlo, sino señal de que debe reforzarse mediante ley, como ya ocurrió en plena salida de la pandemia. La inacción fiscal no es neutral: es contractiva y regresiva. No es casual que incluso parlamentarios del oficialismo hayan pedido al Ejecutivo no dejar que las familias paguen “los platos rotos de una crisis externa”.

Hay además un problema estructural que esta coyuntura vuelve a exponer: Chile sigue siendo extremadamente dependiente de los combustibles fósiles importados. Cada conflicto internacional se convierte en una crisis interna. La respuesta no puede ser siempre trasladar el costo a los hogares.

La salida implica al menos tres decisiones: reforzar el MEPCO mediante ley como instrumento permanente de estabilidad; suspender la rebaja del impuesto corporativo mientras persista la incertidumbre global; y acelerar una estrategia de independencia energética real, con electrificación del transporte e impulso al hidrógeno verde.

La verdadera disyuntiva no es fiscal. Es política.

O se utiliza el Estado para proteger a la mayoría en momentos de incertidumbre global, o se administra la escasez trasladando los costos a los hogares mientras se aliviana la carga de quienes menos lo necesitan. Esa decisión, a diferencia del precio del petróleo, sí depende completamente de nosotros.