El nombramiento de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad no solo fue inesperado, sino profundamente controvertido por la acumulación de decisiones previas que ya tensionaban su criterio institucional. Lo que ha ocurrido en torno a su gestión no es una suma de episodios aislados, es un patrón.
La oscura biografía de la ministra Trinidad Steinert: Escándalos, redes de poder y decisiones bajo sospecha
Chile no está fuera de ese riesgo. Está coqueteando con él, porque cuando la seguridad se convierte en relato el poder deja de proteger a los ciudadanos y comienza, silenciosamente, a protegerse a sí mismo.
Cabe señalar antes de continuar que esta columna está basada en un artículo de Verónica Aravena publicado en el El Ciudadano.
Todo parte en pandemia. En Tarapacá se ejecutaba la compra de más de 45.000 cajas de alimentos, con sobreprecios que la Contraloría cifró en $514 millones, bajo la responsabilidad del intendente Miguel Ángel Quezada (UDI), cercano a la senadora Luz Ebensperger (UDI). Empresas elegidas a dedo, algunas sin condiciones legales para contratar con el Estado y otras vinculadas a campañas políticas.
Cinco años después, el caso llegó a juicio y terminó en absolución. Nada de eso sería especialmente excepcional si no fuera por un detalle clave, la fiscal regional a cargo, Steinert, decidió no apelar. El Consejo de Defensa del Estado actuó solo. Dos meses después, ella dejaba el Ministerio Público. Poco después, asumía como ministra.
En paralelo, ya existían conversaciones con José Antonio Kast. La propia Mara Sedini reconoció que el vínculo venía “de hace un buen tiempo”. Es decir, mientras se decidía no insistir en un caso de corrupción que involucraba a figuras del oficialismo (cajas), ya se tejían puentes con el mismo poder político que luego la incorporaría al gabinete.
El poder no solo se ejerce en las grandes decisiones, sino también en los equipos que se construyen. Steinert no llegó sola, trajo consigo a figuras como Francisco Chambi, designado como jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, cuestionado por la Contraloría por viajes al extranjero mientras estaba con licencia médica.
La respuesta oficial fue técnicamente impecable y políticamente vacía. Estaba sobreseído porque su contrato había terminado. Legal, sí. Pero la señal es otra, la lealtad pesa más que la trayectoria.
Asimismo, solo dos días después de asumir, Steinert envió un oficio reservado a la PDI solicitando información detallada sobre funcionarios ligados al caso Clan Chen, incluyendo antecedentes disciplinarios y decisiones internas adoptadas cuando ella misma era fiscal. No era un gesto administrativo menor, pues era el Ejecutivo entrando en zonas que, en cualquier democracia funcional, pertenecen al Ministerio Público. La frontera institucional comenzaba a desdibujarse.
Y entonces vino el episodio que revela el fondo del problem: Consuelo Peña, 35 años de carrera, especializada en crimen organizado, perfilada incluso como futura directora de la PDI. El 13 de marzo, su nombre aparece en el requerimiento de información. El 20 de marzo, tras una reunión entre Steinert y el director Eduardo Cerna, es llamada a retiro. En una semana, una carrera completa se extinguió.
Las versiones nunca coincidieron. Primero, que fue decisión de la ministra. Luego, que era una reestructuración interna. Después, que era simplemente una determinación autónoma de la policía. Steinert negó conflictos personales. El gobierno la blindó. La responsabilidad se evaporó.
Las fuentes internas hablan de presiones directas, insistencias previas, incluso gestiones informales fuera de los canales institucionales. El problema no sería solo político, sería estructural: una ministra interviniendo en decisiones que no le corresponden, en un sistema donde esas atribuciones recaen en el Presidente.
Además, el denominador común se profundiza cuando aparecen los nombres que rodean la operación. Marcelo Atala, designado como subsecretario de Seguridad Pública, y Paulo Contreras, nombrado director de la Agencia Nacional de Inteligencia, figuras vinculadas al grupo conocido como “Los Lobos”, una facción informal de exoficiales de la PDI que, según reportes y fuentes internas, operó campañas de desprestigio y presión interna contra altos mandos institucionales.
En paralelo, se desmantela la Unidad Estratégica del ministerio. Tres ingenieros que articulaban información entre las policías y Aduanas son removidos sin reemplazo. La inteligencia se sustituye por vacío. La técnica por intuición. La política pública por consigna.
Luego prosigue la paradoja final: un gobierno que llega prometiendo mano dura contra la delincuencia anuncia un recorte de $72 mil millones en seguridad. Después se revierte la medida. La señal es clara: la seguridad nunca fue prioridad, sino una herramienta discursiva para captar incautos.
Este es un modelo donde el poder se ejerce sin asumir costos, donde las decisiones se toman sin rendición de cuentas y donde la institucionalidad se convierte en una herramienta flexible, no en un límite. Lo que Guillermo O’Donnell definió como democracia delegativa —donde el poder real se desplaza hacia zonas opacas o en la sombra, desde las cuales se toman las decisiones sin control efectivo— se vuelve aquí una clave de lectura inevitable.
Chile no está fuera de ese riesgo. Está coqueteando con él, porque cuando la seguridad se convierte en relato el poder deja de proteger a los ciudadanos y comienza, silenciosamente, a protegerse a sí mismo.