Porque si algo ha quedado claro es que -en el Estado chileno- cuando llegan los tiempos de ajuste, siempre se corta por el hilo más delgado. Y ese hilo, hoy, somos los trabajadores a honorarios.
Afiche a favor de los honorarios / Agencia Uno
Las últimas radiografías al Estado han dado cuenta de que existen al menos 500.000 trabajadores a honorarios en el Estado, y la gran mayoría de ellos se desempeña en las municipalidades.
Esta alarmante cifra es una expresión concreta de cómo se organiza el trabajo público en nuestro país, y no es un dato neutro, ya que estamos hablando de un universo laboral compuesto mayoritariamente por mujeres.
Una figura que originalmente fue creada para que profesionales, técnicos o expertos prestaran labores accidentales, no habituales o tareas específicas –reza la ley-, hoy se consolidó en un mecanismo permanente de organización del estado, desnaturalizando completamente su sentido original y consolidando una forma de empleo definida por la inestabilidad y la desprotección.
Desde su creación, en la Junta de Gobierno del dictador Augusto Pinochet, el contrato a honorarios ha sido utilizado por el Estado de manera sistemática para abaratar costos a su administración. Costos asociados a la seguridad social, a derechos laborales, a la estabilidad. Este “ahorro”, que puede ser deseable desde lógica administrativa, se torna abusivo e inexplicable cuando son los trabajadores quienes soportan ese costo. Y es precisamente ese el escenario en el que nos encontramos hoy.
Los trabajadores honorarios del Estado soportan, de manera inaceptable, el costo de un sistema que funciona a partir de su propia precariedad.
Esto parece abstracto, pero lo podemos llevar fácilmente a lo concreto. En la Municipalidad de Lo Espejo, una de las comunas más pobres de Chile, que fue creada hace 33 años, existen trabajadores que llevan esos mismos 33 años desempeñándose como trabajadores a honorarios. Y no son profesionales, técnicos o expertos; son hombres y mujeres que se dedican a solucionar las emergencias de la comuna, limpiando descargas de aguas lluvia, llevando nylons cuando se llueven los techos de la comuna, limpiando casas cuando se queman. Es decir, trabajadores que llevan toda una vida laboral bajo una modalidad que, en teoría, debía ser excepcional.
Los llamados “honorarios eternos” son la expresión más clara de cómo el Estado se ha estructurado para reducir costos a expensas de quienes sostienen gran parte de su funcionamiento, de quienes ganan siempre un sueldo más cercano al mínimo.
Un reportaje publicado en 2024 dio cuenta de que más de 200 personas en 10 ministerios emitieron boletas por más de 10 años consecutivos, lo que confirma que esta práctica no es solo municipal, sino transversal en todo el aparato estatal.
Esta situación, ampliamente documentada en reportajes y discutida incluso en el Congreso, revela una distorsión profunda en la concepción de la labor pública. Han sido los propios tribunales de justicia los que han fallado sistemáticamente en torno al reconocimiento de la primacía de la realidad respecto de los trabajadores a honorarios; la única herramienta a la que pueden recurrir los trabajadores a honorarios.
La Corte Suprema ha unificado su jurisprudencia en torno a definir en términos concretos la realidad de los trabajadores a honorarios, estableciendo que no ejercen labores accidentales o temporales, sino que ejercen funciones permanentes bajo una figura contractual que los precariza de manera institucionalizada.
Esto se traduce en que se les asimila -a lo menos- a los trabajadores del Código del Trabajo, debiéndoseles pagar una indemnización por años de trabajo, cotizaciones de AFP que nunca son pagadas, vacaciones e incrementos. Sin embargo, estos pagos llegan tarde y nunca, si no son antecedidos por un largo juicio que fácilmente puede llegar a los 5 años.
Hoy, además, este escenario se ve agravado por un contexto político particularmente adverso para los trabajadores más precarizados del Estado. Las primeras señales del gobierno de José Kast han sido contundentes en torno a su inexistente diálogo con las organizaciones sociales y las organizaciones de trabajadores. El anuncio de un recorte del 3% en el sector público, sumado al aumento del precio de la bencina y al alza generalizada del costo de la vida, da cuenta de una dirección política que contradice abiertamente las promesas de campaña de no afectar los derechos sociales.
Otra señal clara de la disposición de este Gobierno a cerrarle la puerta al mundo sindical fue echar abajo el avance que había tenido el gobierno anterior respecto a la negociación ramal. Este retroceso implica, en la práctica, retirar una herramienta clave que permitía equilibrar la negociación entre trabajadores y empleadores, elevando el estándar desde la empresa individual hacia el sector completo.
Lo que se consolida con esta decisión es una lógica fragmentadora que apunta a debilitar la negociación colectiva, impedir avances estructurales y mantener a los trabajadores negociando en condiciones de desigualdad. La decisión fue mantener la asimetría del trabajador frente a su empleador.
Si observamos la lógica con la que se está administrando el Estado, es posible identificar una tendencia clara a reducir costos sin considerar los impactos sociales de dichas decisiones. Y en ese escenario, la pregunta es inevitable: ¿dónde se van a realizar esos recortes? ¿Quiénes van a pagar el costo de este ajuste? La respuesta, lamentablemente, es evidente. El hilo más delgado en la administración del Estado son los trabajadores a honorarios.
Al momento de realizar desvinculaciones para cumplir con las metas de reducción presupuestaria, serán los trabajadores y trabajadoras a honorarios los primeros en verse afectados.
En los municipios pobres, esta situación es aún más crítica, ya que conviven honorarios financiados con recursos internos y otros vinculados a programas externos con financiamiento estatal. Ambos se encuentran hoy en riesgo, lo que no solo amenaza la estabilidad de miles de trabajadores, sino también la continuidad de prestaciones esenciales para los sectores más vulnerables del país.
No nos queda otra alternativa más que estructurarnos. Sin embargo, la organización sindical de los honorarios es también una cuestión profundamente compleja y difícil de realizar, y esto se explica precisamente por la misma precarización que caracteriza a este tipo de vínculo laboral.
Los trabajadores a honorarios no cuentan con contratos indefinidos, y en todos los contratos queda establecida con claridad que la facultad de desvinculación es una facultad reservada para el empleador. En ese sentido, esta facultad ha sido, lamentablemente, utilizada de manera discrecional, particularmente respecto de dirigentes sindicales.
Los dirigentes de distintos municipios que han logrado organizarse y levantar espacios colectivos de defensa han sido desvinculados, lo que además de afectar sus trayectorias laborales individuales, tiene como consecuencia la desarticulación de procesos organizativos completos. De esta manera, se termina frenando cualquier posibilidad de desarrollo político y sindical en espacios que tienen un como objetivo la cristalización de los escasos derechos laborales que consiguen los honorarios del Estado.
El escenario fiscal que estamos presenciando es una maquinación ideológica que busca principalmente la desarticulación del Estado, para desproteger a la gente y sus trabajadores, y en torno a los honorarios del Estado se apuntará a la consolidación de un modelo que traslada los costos del funcionamiento del Estado hacia quienes tienen menos capacidad de resistirlos. Un modelo que favorece al 1% y que, en los hechos, desprotege a la gran mayoría de la población trabajadora.
Frente a este escenario, tenemos la obligación entender el riesgo que corremos como trabajadores honorarios, que históricamente hemos sido empujados a condiciones de precarización estructural. Nuestra única alternativa es organizarnos. Levantar la alerta, fortalecer nuestros sindicatos, articularnos a nivel nacional y construir una voz común que nos permita avanzar hacia el reconocimiento que merecemos como funcionarios públicos, terminar con las diferencias arbitrarias y avanzar hacia un contrato único. A misma contribución a lo público, mismo reconocimiento.
Porque si algo ha quedado claro es que -en el Estado chileno- cuando llegan los tiempos de ajuste, siempre se corta por el hilo más delgado. Y ese hilo, hoy, somos los trabajadores a honorarios.
