Se negó a firmar anexo y le bajaron horas de trabajo y sueldo: Se autodespidió y ahora deberán pagarle más de $33 millones
Una profesora de biología del Preuniversitario Pedro de Valdivia decidió poner término a su contrato luego de que la empresa redujera drásticamente su carga de clases y, con ello, su sueldo.
El conflicto llegó a tribunales y el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago concluyó que la medida constituyó un incumplimiento grave del contrato por parte del empleador.
La docente comenzó a trabajar el 12 de mayo de 2014. Durante años impartió cursos con una carga estable que en 2023 llegó a 25 sesiones semanales, lo que le permitía recibir una remuneración mensual de $2.066.270.
El problema surgió en marzo de 2024, cuando la empresa le envió un anexo de contrato que reducía su carga a 19 sesiones semanales. La trabajadora se negó a firmarlo, ya que implicaba una baja en su remuneración.
Días después, al presentarse a trabajar en la sede Puente Alto el 1 de abril de 2024, fue informada de que su carga había sido reducida aún más: solo tendría dos sesiones semanales, mientras otro docente había asumido sus clases.
Esa modificación implicaba que su sueldo bajara desde más de dos millones de pesos a cerca de $165 mil mensuales.
Frente a esta situación, el 9 de abril de 2024 la profesora optó por el autodespido, invocando incumplimiento grave del contrato por parte del empleador.
La empresa sostuvo en el juicio que el contrato base contemplaba solo dos sesiones semanales y que las demás se asignaban mediante anexos anuales que podían variar según la cantidad de alumnos matriculados.
Sin embargo, el juez Víctor Manuel Riffo Orellana concluyó que durante años la empresa asignó sistemáticamente más cursos que los establecidos en el contrato original, lo que terminó convirtiéndose en la forma real en que se ejecutaba el contrato de trabajo.
El fallo señala que la rebaja primero de 25 a 19 sesiones y luego a solo dos constituyó una modificación unilateral que afectó gravemente la remuneración de la trabajadora, lo que vulneró las condiciones en que se había desarrollado la relación laboral durante años.
Por ello, el tribunal rechazó la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales, pero acogió la demanda subsidiaria por despido indirecto.
La sentencia declaró que la relación laboral terminó el 9 de abril de 2024 por incumplimiento grave del empleador y condenó al Preuniversitario Pedro de Valdivia a pagar indemnizaciones por aviso previo, años de servicio y recargo legal del 50%.
En total, la empresa deberá pagar cerca de $33 millones a la docente.
