El caso de la norma de MP 2,5 generaría beneficios sociales valorizados en US$8.873 millones entre 2026 y 2035. Estos beneficios están calculados en dólares, pero en realidad son vidas humanas y enfermedades que se prevendrían.
El presidente José Antonio Kast se reúne con la ministra Francisca Toledo y el subsecretario José Ignacio Vial en el Ministerio del Medio Ambiente
Parapetados bajo viejas convicciones y armados de prejuicios, los nuevos funcionarios del gobierno de José Antonio Kast llegaron una mañana de marzo al Ministerio de Medio Ambiente buscando a los culpables de detener la sacrosanta inversión. "Tonterías ideológicas de abrazadores de árboles" se repetían entre risas al tiempo que tomaban el control de las que serían sus nuevas oficinas llenas de poder.
Unas horas después y satisfechos de su jornada de carnicería, entregaron la presa que buscaban: 43 decretos pendientes de aprobación en Contraloría, la excusa perfecta para culpar al gobierno anterior de cuestiones imprecisas pero graves, y subirse al carro de un gobierno que necesitaba fabricar una emergencia para partir con un relato de refundación conservadora. ¿Las razones oficiales del retiro? Una tímida e inconsistente idea sobre la necesidad de revisar los actos administrativos, acompañada de una excusa mal hilvanada sobre que alguno de los decretos habría sido de última hora.
No supo el océano del ascenso de dichos señores al arrasar playas y caletas, ni se enteró la lluvia cuando decidió caer con furia sobre tierras yermas y llevarse todo a su paso. Tampoco lo supo don Juan cuando murió por las complicaciones de una enfermedad respiratoria, durante junio de este año. La exposición continua a concentraciones insalubres de MP 2,5 en el aire lo había convertido en una de las más de 3000 personas que mueren anualmente en Santiago producto de este contaminante.
No tengo certeza de si todo esto llegó a oídos de las autoridades que unos meses antes marchaban contentas exhibiendo como trofeos el haber frenado la protección ambiental del país. Tampoco de si aún miran sus escritorios como espacios de poder o ya bajo el peso de los papeles pueden ver que en realidad son estaciones de trabajo para los responsables del funcionamiento adecuado del país. Más de alguna autoridad debe haber tenido una enfermedad respiratoria en este invierno, espero con mejor suerte que don Juan.
Quizás algunos de ellos se pregunten, a estas alturas, de si habrá sido verdad que los decretos retirados eran sueños utópicos de abrazadores de árboles, o si en realidad es parte de la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente buscar mínimos de bienestar para el país y no sólo preocuparse de cómo caerle en gracia a los grandes inversionistas. Tal vez alguno leyó la comunicación que envió el Colegio Médico sobre los decretos en materia de calidad del aire y cayó en cuenta que esa tos permanente no era solo por una nueva cepa de gripe.
Todos los decretos retirados importan, pero el Colegio Médico alertó especialmente sobre dos: la norma de emisión para centrales termoeléctricas a carbón (DS N°8 de 2025) y la actualización de la norma primaria de calidad del aire para material particulado fino MP2,5 (DS N°3 de 2026), normas que tienen un impacto particularmente sensible debido a sus efectos directos sobre la salud de las personas.
Ambos decretos son el producto de trabajo de varios años (incluso en distintos gobiernos), en que han intervenido especialistas de salud y medio ambiente, la industria, organizaciones sociales y varios organismos del Estado, para llegar a un resultado que seguramente sin ser óptimo, mejora las condiciones del aire y con ello la calidad y las posibilidades de vida de las personas.
Ambos procedimientos, de acuerdo con lo que dicta la ley, tuvieron además un proceso de análisis de costos y beneficios concluyendo que en el caso de la Norma de Termoeléctricas indica un beneficio de US$91 millones entre 2025 y 2040 y en el caso de la norma de MP 2,5 generaría beneficios sociales valorizados en US$8.873 millones entre 2026 y 2035. Estos beneficios están calculados en dólares, pero en realidad son vidas humanas y enfermedades que se prevendrían.
Mientras se celebra por los "millones destrabados" de la inversión de grandes empresas y se reclama por la lentitud en los permisos para que esas mismas grandes empresas puedan mejorar sus ganancias, en algún escritorio se apuesta en contra de la vida de miles de personas anónimas, convertidas en costo aceptable de un gobierno que prefiere empujar un relato que le permita acumular poder.
Ya es hora de corregir este rumbo sin sentido. El secuestro de las normas ambientales no le hace bien al país; es contrario a las obligaciones que las autoridades juraron cumplir cuando asumieron en sus puestos y significa más sufrimiento para la población de Chile.
